Las familias de la Corrala aseguran que no abandonarán la Plaza Nueva "hasta tener un techo"

Las familias desalojadas de las viviendas que habitaban sin título alguno en los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', han manifestado este lunes que mantendrán la acampada instalada en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento hispalense, "hasta tener un techo". "Del mismo modo que nos hemos llevado dos años sin agua ni luz, nos podemos llevar otros dos años en la Plaza Nueva tirados", enfatiza una de las personas que forma parte de este colectivo.

SEVILLA, 7 (

Europa press televisión)

Las familias desalojadas de las viviendas que habitaban sin título alguno en los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', han manifestado este lunes que mantendrán la acampada instalada en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento hispalense, "hasta tener un techo". "Del mismo modo que nos hemos llevado dos años sin agua ni luz, nos podemos llevar otros dos años en la Plaza Nueva tirados", enfatiza una de las personas que forma parte de este colectivo.

En declaraciones a los periodistas, una de las vecinas de este colectivo, Aguasanta, ha explicado que el desalojo, ordenado en enero por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla merced a las peticiones de 'Ibercaja', se produjo a las "siete de la mañana" de este pasado domingo, cuando la Policía Nacional irrumpió en el edificio de viviendas que desde mayo de 2012 habitaban sin título alguno para ello. No obstante, ha admitido que los agentes "no se portaron mal" y ellos recibieron un buen trato, si bien el problema de estas familias se agrava, ya que se ven "en la calle" a cuenta del mencionado desalojo. "Fue desagradable porque para mí ha sido mi casa durante dos años y vamos a seguir peleando, aquí vamos a aguantar hasta que podamos", ha dicho.

Según Aguasanta, el desalojo cogió "por sorpresa" a estas familias, si bien fue en enero cuando fue dictada la orden desalojo y en febrero medió otro auto judicial en el mismo sentido. Tras el desalojo, decidieron emprender una marcha hasta la Catedral de Sevilla de la que también fueron desalojadas estas familias. Por tanto, esta mujer ha relatado que decidieron "pasar la noche" a las puertas del Ayuntamiento hispalense. "La Corrala se ha trasladado a la Plaza Nueva y del mismo modo que nos hemos llevado dos años sin agua ni luz, nos podemos llevar otros dos años en Plaza Nueva tirados, durmiendo en mantas", ha apostillado y ha añadido que "nunca" han tenido "miedo", por lo que seguirán "peleando por el derecho a la vivienda" de sus hijos y "por toda la gente" que se encuentra en la misma situación que "tienen miedo a salir".

Señalan las vpo que hay vacías

Preguntada por si han recibido alguna solución por parte de las administraciones, ha indicado que del Consistorio no pueden "esperar mucho más". Según Aguasanta, el Ayuntamiento tiene "384 viviendas vacías" repartidas por varios barrios sevillanos, por lo que se le ha solicitado que agilice los trámites para que dichas viviendas puedan ser ocupadas por familias que se encuentra en la calle, "porque hay gente viviendo de malas maneras por no tener una vivienda digna".

Por su parte, otra vecina de la Corrala, María del Carmen, ha contado como vivió ella el desalojo, ya que en su caso tuvo que recibir asistencia médica debido a "los nervios" que padeció. Asimismo ha explicado que "desde ayer" se encuentran "todos en la calle", frente al Ayuntamiento, de donde "no nos vamos a mover hasta que tengamos una solución, un techo", ha asegurado. "Estamos todas las familias en la calle y aquí estaremos lo que haga falta porque no hay derecho que haya personas enfermas y mayores luchando por un techo porque lo hemos perdido todo", ha lamentado.

Esta vecina ha manifestado que existen listas de espera de demandantes de viviendas en la empresa municipal de vivienda (Emvisesa) "en situación precaria", por lo que ha pedido a la administración local que "tire de esas listas".

Por último, otra de las personas que fueron desalojada, Esther, ha reivindicado de nuevo "un alquiler social" y ha dicho que "nunca" se ha negado a pagar una vivienda. "Esto es un sufrimiento, lo que quiero es un alquiler social y un techo donde meterme", ha afirmado y ha añadido que la propietaria de las viviendas que ocupaban 'Ibercaja' "ha dejado a 22 familias en la calle, con niños y personas enfermas".

La corrala utopía

Estamos hablando del colectivo de familias que habitaba sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.

Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo. Las familias, en ese sentido, esgrimían que su reivindicación no era otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.

LA '

Corrala utopía'

Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de unas ocho familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba a finales de enero un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas y en febrero reclamó ya que las fuerzas de seguridad del Estado diesen cumplimiento a dicha orden, extremo consumado el domingo.

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