El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobará en la sesión que arranca este martes el decreto-ley de medidas urgentes para garantizar y dar continuidad a la prestación de los servicios públicos y que pretende clarificar esas competencias de las entidades locales tras la entrada en vigor de la "compleja" Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Reforma Local del Gobierno.
Este decreto-ley tiene como principal objetivo evitar "resultados indeseables" o disfunciones en la prestación de servicios públicos, con la correspondiente repercusión en los ciudadanos, evitar vacíos competenciales, especialmente en materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales, y asegurar que no se incrementa el coste para las administraciones, como explicó el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
En la sesión también se debatirán cuantro Proposiciones No de Ley (PNL), una del PP destinda a avanzar en el Sistema de atención a la Dependencia con el fin de favorecer la concesión de prestaciones que proporcionen servicios profesionales y tres del PSOE, para exigir la no modificación de libros de texto, otra para garantizar a los municipios la prestación de servicio de Secretaría y una tercera sobre las obras de alta velocidad ferroviaria.
Asimismo se analizarán dos interpelaciones, una en materia de universidades y otra sobre inclusión social y una moción relativa a política general en materia de empleo.
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