La reina y los príncipes de Asturias serán aforados ante el Tribunal Supremo, es decir, en caso de ser imputados por algún delito la causa corresponderá tramitarla al Tribunal Supremo, ha anunciado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al término del Consejo de Ministros.

"Es un instrumento para aumentar la seguridad jurídica para personas que tienen que ser objeto de una tutela", aseguró el ministro. "Hay algunos aforamientos que están en la propia Constitución, otros en los Estatutos de Autonomía y otros en la Ley Orgánica del Poder Judicial. No veíamos correcto que un ministro estuviera aforado y no lo estuviera el príncipe de Asturias".

Hasta este momento, ningún miembro de la familia real -salvo el rey- gozaba de estatus especial alguno a efectos procesales. "Era una disfunción que carecía completamente de sentido", ha recalcado. El ministro ha dicho que para esta nueva ley se ha partido de cero y se han repasado "todas y cada una de las nuevas realidades".

En todo caso ha aclarado que "el aforamiento no es un privilegio en beneficio del aforado, sino un instrumento para aumentar seguridad jurídica sobre personas que el legislador y la propia Constitución entienden que deben ser objeto de una tutela por razón de las funciones que se le encomiendan".

"Hay unos aforamientos que están en la propia Constitución, como es el caso del presidente del Gobierno y los miembros del gabinete, de los diputados y los senadores; otros que están en los estatutos de autonomía y los otros aforamientos que existen en España solo pueden estar en la Ley Orgánica del Poder Judicial", ha añadido.

El rey queda fuera de esta norma porque su figura está regulada directamente por la Constitución. El artículo 56.3 de la Carta Magna dice que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Esta no responsabilidad, además, hace que el jefe de Estado tampoco responda políticamente de sus actos. Para eso existe el llamado "refrendo".

El anteproyecto también dice que, aunque los aforados abandonen el puesto que les dio esa condición, "seguirán siendo enjuiciados por el tribunal que les correspondía por ella, tal y como recogen ya algunos Estatutos de Autonomía, cuando el delito hubiera sido cometido en el ejercicio del cargo", según explica la referencia del Consejo de Ministros. "De esta forma se evitarán los retrasos en la instrucción que suponía que dejaran el escaño con la investigación ya avanzada", añade..

El anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha aprobado el Gobierno pretende que las instrucciones de cualquier causa que realice la Audiencia Nacional sean llevadas a cabo a la vez por tres jueces en lugar de solo por uno, como ocurre ahora en todos los casos.

De esta forma, ya no será solo un juez central de instrucción el que investigaría cada caso de terrorismo, corrupción o delincuencia económica que instruye este tribunal, sino que la investigación judicial será llevada a cabo por tres magistrados.

Con esta medida, según ha explicado el ministro, se pretende elevar el "umbral de garantías", "diluir la presión sobre el juez único favoreciendo la corresponsabilidad" y "promover la agilización del proceso".

En este sentido, ha precisado que el hecho de que tres jueces dirijan la instrucción "no significa que todas las actuaciones lo tengan que realizar las tres, y por lo tanto podrán repartirse multitud de pruebas, desde las testificales hasta cualesquiera otras que estén en le procedimiento".

Para que tres jueces instruyan los casos, Gallardón ha detallado que deberán de cumplirse ciertas condiciones, que apreciará el Poder Judicial, y que consisten, primero, en que haya un elevado número de personas imputadas y, segundo, que se deriven dificultades de la excesiva duración de la instrucción.

En tercer lugar, la causa debe de tener un "extraordinario volumen" y, en cuarto lugar, la "extraordinaria complejidad técnica" por la naturaleza del delito de estas causas, que según Gallardón son las que se investigan en la Audiencia Nacional.

"Todos los delitos atribuidos a la Audiencia Nacional son evidentemente merecedores de esta calificación que hace el proyecto", ha señalado el ministro, que ha afirmado que "todas las instrucciones que se realicen en la Audiencia Nacional serán colegiadas y serán practicadas por la sección de garantías de la instrucción".

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el que "crea un nuevo modelo de justicia para el siglo XXI y agiliza las resoluciones judiciales". La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha destacado que se trata de una reforma "importante" que pretende una justicia "más ágil y capaz de satisfacer las pretensiones de los ciudadanos".

El anteproyecto de ley reorganiza los tribunales a través de la puesta en marcha de los tribunales provinciales de instancia, una mayor especialización judicial y una reducción de la litigiosidad mediante la seguridad jurídica que proporcionará la jurisprudencia vinculante del Supremo.

En relación a este punto, Gallardón ha subrayado que el texto concede más uniformidad y coherencia al alto tribunal que ha tachado como el "gran activo de la Justicia en España" al establecer el carácter vinculante de su doctrina jurisprudencial para el resto de tribunales inferiores.

Con ello se pretende un descenso de la litigiosidad dado que los demás tribunales tendrán que aplicar la jurisprudencia del Supremo y "nadie se mete en un pleito si la respuesta del tribunal va a ser negativa", ha dicho Gallardón. El texto también incluye una nueva regulación del recurso de casación ante el Supremo, lo que implica que cualquier asunto podrá llegar al alto tribunal.

Respecto a la organización judicial, se crean los tribunales de instancia de carácter provincial, que abarcarán todos los órdenes, si bien eso no supondrá la desaparición de ningún juzgado en España. "Todos se integrarán en el tribunal provincial de instancia para compensar las cargas de trabajo entre los juzgados", ha explicado el responsable de Justicia, que ha mencionado que la Audiencia Nacional mantendrá su estructura actual.

Asimismo, el anteproyecto revisa en profundidad el ejercicio de la potestad jurisdiccional para evitar que se perturbe la independencia judicial de los jueces y avanza hacia la profesionalización de la Justicia ya que, según el ministro, "la justicia interina no puede institucionalizarse".

La reforma suprime las categorías judiciales y establece que todos los titulares del poder judicial serán jueces -magistrado será un nombre honorífico- para ahondar en una mayor flexibilidad en la movilidad de los jueces. Por último, declara hábil el mes de agosto en relación al funcionamiento de los Tribunales.