Se trata de una trasposición de una directiva comunitaria que entrará en vigor el 30 de abril y que busca que las empresas hagan frente a sus responsabilidades medioambientales, incluyendo la reparación íntegra de los daños.
Para garantizar la solvencia medioambiental de las empresas, la ley las obligará a dotar un fondo con garantía financiera - de aplicación gradual a partir de 2010.
El Gobierno explicó que la futura ley 'tendrá por objeto hacer efectivo el principio de 'quien contamina, repara', que va más allá del principio de 'quien contamina, paga'.
Se obliga a que los operadores reparen los daños que han ocasionado al medio ambiente aún cuando no hayan cometido ninguna infracción administrativa y actúen de modo respetuoso con la normativa medioambiental, según las referencias del Consejo de Ministros.
Se repararán en su integridad los daños al medio ambiente y se devolverán los recursos naturales al estado original en el que se encontraban antes del daño.
La Unión Europea pretende así que los costes asociados a la regeneración medioambiental por contaminación no sean asumidos por los Estados.
El Ministerio de Medio Ambiente ha afrontado a lo largo de los últimos siete años gastos de reparación ambiental cercanos a los 183 millones de euros, de los que 113 millones se atribuyen a la descontaminación de suelos.
El Gobierno recordó que en el vertido de Aznalcóllar, el Estado tuvo que hacer inversiones de más de 75 millones de euros para reparar los daños ocasionados por una empresa minera cerca del Parque Nacional de Doñana, en Andalucía.
La inversión prevista para llevar las tareas de limpieza y recuperación de las aguas del embalse de Flix, en Cataluña, la a las que han ido a parar vertidos de sustancias altamente contaminantes procedentes de industrias electroquímicas, será de otros 155 millones de euros.
De acuerdo con los datos del Ejecutivo, el gasto de las empresas españolas en prevención de riesgos ambientales ha crecido significativamente en los últimos años, y en 2003 llegó a 2.000 millones de euros.
'Sin embargo, la tasa de accidentes industriales con consecuencias para el medio ambiente es susceptible de mejora', agregó el Gobierno.
La ley afectará a más de 5.000 instalaciones industriales, a unas 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas y a casi un millón de explotaciones agrarias. Se prevé que el coste de la Ley sea de aproximadamente unos 100 millones de euros anuales.
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