El secretario general del PP, Ángel Acebes, niega que los Gobiernos del PP reagruparan presos etarras en cárceles del País Vasco y zonas cercanas, a pesar de los documentos del Ministerio de Interior del que fue responsable entre 2002 y 2004.
Según informa la Cadena SER, que menciona datos de Interior, entre el 16 de septiembre de 1998 y el 28 de noviembre de 1999 se llevaron a cabo 42 traslados de etarras a cárceles de San Sebastián, Bilbao, Pamplona, Nanclares de Óca (en Álava) y Villabona (Asturias).
Eran traslados cerca de Madrid para que asistieran a los juicios de la Audiencia Nacional
En otro documento, publicado el 8 de diciembre de 1997, el departamento de Mayor Oreja justificaba estas medidas en la evolución positiva de los internos, puesta de manifiesto en el "rechazo a los postulados de la banda terrorista y el abandono de los planteamientos que los llevaron a delinquir".
Entre los presos trasladados de Tenerife a la Península por estas razones estaba Iñaki Bilbao, que cinco meses antes había golpeado a otro preso por colocar un crespón negro en una fotografía de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por ETA.
Los traslados
El departamento de Interior dirigido por Jaime Mayor Oreja anunció el 18 de diciembre de 1998 su decisión de trasladar a la Península a 21 presos de ETA y lo justificaba por el "factor territorial y geográfico", pero no mencionó el argumento mencionado hoy por Acebes, en sus declaraciones a Telecinco.
Según Ángel Acebes, los traslados se producían en la "mayoría de casos" a Madrid "porque aquí está la Audiencia Nacional" y que luego "volvían a sus cárceles de origen".
El champán de De Juana
Por su parte, el ex ministro de Interior Jaime Mayor Oreja culpó el jueves al director de la prisión de Melilla de que no se tomara ninguna medida contra el etarra José Ignacio de Juana Chaos por solicitar langostinos y champán tras el asesinato de un concejal de UPN en mayo de 1998.
Sin embargo, según precisa la SER, en el documento remitido por el centro penitenciario a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la prisión comunicó oportunamente al Ministerio de Mayor Oreja los hechos ocurridos, que no tomó ninguna medida sancionadora.
Ocho meses después, De Juana se beneficiaba de un traslado de Melilla a Puerto-I (Cádiz).


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