La portavoz del PSE-EE, Idoia Mendia, ha mostrado su "satisfacción" por el plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal porque permitirá tener una política tributaria "de país", en lugar de "islas fiscales". No obstante, ha insistido en que es necesario que "se profundice" y ha reclamado "más recursos" para trabajar en esta materia.

El PSE considera que este plan de lucha contra el fraude fiscal, acordado por el Gobierno vasco y las tres diputaciones, no es sólo "una fijación" de los socialistas, sino una "exigencia legal", según ha asegurado Mendia en una rueda de prensa en Bilbao junto a los portavoces del PSE en las Juntas Generales de Bizkaia y Gipuzkoa, Iñaki Egaña y Rafaela Romero, y a la que no ha podido acudir la portavoz alavesa, Cristina González, porque la Cámara foral celebra este miércoles pleno de control.

La portavoz del PSE ha explicado que su formación ha registrado una iniciativa en el Parlamento vasco para solicitar la comparecencia de los miembros de la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal, con el fin de que informen sobre el contenido, criterios y objetivos del Plan conjunto de Lucha contra el Fraude correspondiente a 2014.

En esta línea, ha confiado en que expliquen qué objetivos cuantitativos se plantean alcanzar con las actuaciones previstas en el Plan durante el ejercicio de 2014, partiendo de los resultados logrados por las Haciendas Forales en el último ejercicio. De esta forma, ha asegurado, se podrá hacer una evaluación de los resultados obtenidos y adoptar las medidas correctoras necesarias.

Mendia ha resaltado que "éste va a ser el primer ejercicio en el que Euskadi cuente con un plan integrado" con el que las diputaciones podrán coordinar sus actuaciones de obtención de información tributaria, prevención y control, e investigación y regularización fiscal, con el fin de "atajar de forma coordinada la lacra del fraude". Asimismo, ha destacado la participación en la elaboración del plan aprobado esta semana del Gobierno vasco, que "para algo recibe el 70%" de los impuestos concertados.

La dirigente socialista ha apuntado que "la planificación contra la defraudación tributaria que contemple el País Vasco como un todo, no como tres territorios aislados fiscalmente", es una "exigencia legal" recogida por el artículo 13 de la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal aprobada en 1989.

Por ello, ha añadido, con el establecimiento cada año de planes conjuntos para luchar contra los defraudadores, se logra que las diputaciones y el Gobierno "cumplan una norma que estaba en el limbo". "Tanto en este aspecto crucial como en la formalización del intercambio de información tributaria y en la conexión de sus bases de datos que las diputaciones acordaron hace más de un mes", ha manifestado.

La portavoz del PSE ha afirmado que su formación está "muy satisfecha" por el hecho de que la política tributaria se comience a concebir como "una política de país, no de islas fiscales". Sin embargo, ha agregado que es preciso que "se siga profundizando en este camino, que es el de la racionalidad y el de la eficacia en el combate contra el fraude y la elusión en los impuestos que paga la gente y de los que dependen los servicios públicos esenciales que se prestan a la ciudadanía vasca".

Iniciativas en las juntas

Por otro lado, ha anunciado que el PSE planteará ante las Juntas Generales de Álava y Bizkaia una Proposición No de Norma para instar a las diputaciones a que doten de más recursos humanos y materiales a las unidades responsables de la Inspección Fiscal, con el objetivo de mejorar los resultados en la lucha contra el fraude.

En el caso de Gipuzkoa, ha recordado que, tras las peticiones del PSE "desde el inicio de la legislatura", los presupuestos forales de 2014 contemplan la creación de cinco plazas de inspección y, por ello, en este territorio, se planteará una iniciativa para que esos recursos "se mantengan en el tiempo" y se colabore con la Inspección de Trabajo para evitar "el fraude" en contratos laborales.

Mendia ha advertido de que, en función de diversos estudios, el peso estimado de la economía sumergida en Euskadi oscila entre el 18% y el 25% del PIB, lo que supone que, mediante la lucha contra el fraude, podrían recaudarse unos 2.500 millones de euros anuales, "casi los presupuestos en Educación".