La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha asegurado este martes que está "sometida sistemáticamente a los controles y auditorías de los diferentes órganos fiscalizadores de la Administración General del Estado". Al respecto, ha indicado que sus cuentas son auditadas anualmente por la Intervención General del Estado (IGAE) y "han superado su análisis siempre sin salvedad".

Así lo ha indicado la APV en un comunicado después de que Compromís haya entregado a la Fiscalía documentación relativa a la multiplicación por siete de la deuda del Puerto de Valencia entre 2005 y 2012, la falta de fiscalización de la Fundación Valenciaport, así como la indemnización de 1,1 millones de euros dada a la concesionaria de La Escuela de Aprendices a pesar de no desarrollar ninguna actividad, con el fin de que investigue "si de todo ello se pueden deducir actuaciones irregulares".

La Autoridad Portuaria de Valencia ha asegurado desconocer los "términos exactos" de la denuncia. Ha destacado que además del control de la IGAE, tanto la gestión como las cuentas de esta entidad son también supervisadas periódicamente por el organismo público Puertos del Estado, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Fomento.

"En cualquier caso, como siempre hemos actuado, estamos a disposición de los órganos de la administración de justicia para cuantos requerimientos consideren oportunos", ha subrayado.

Respecto a la Fundación Valenciaport —de naturaleza privada y participada por patronos del ámbito privado y público—, ha explicado que las aportaciones realizadas por la APV a la misma "han sido siempre reflejadas en las cuentas de la Entidad y sujetas al control de la IGAE".