La Junta de Andalucía facilitó el pasado año el cumplimiento de 10.391 medidas de reeducación y resocialización impuestas por los juzgados a 8.943 menores infractores, según el balance del Sistema de Justicia Juvenil en Andalucía correspondiente a 2013 que el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha presentado este martes al Consejo de Gobierno.

De acuerdo con el informe, los recursos coordinados por la Junta, con 81,13 millones de presupuesto, han hecho posible, gracias a una atención cada vez más individualizada, que un 80 por ciento de los jóvenes logren reinsertarse con normalidad y no reincidan.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, estos servicios están integrados por 1.839 profesionales, a los que se suman 24 equipos técnicos, formados por psicólogos, educadores y trabajadores sociales, dependientes de la Administración autonómica y adscritos a los juzgados y fiscalías de menores.

Del total de medidas, 8.675 se desarrollaron a través de los 47 servicios de "medio abierto" que gestiona la Junta para el cumplimiento de las resoluciones judiciales no privativas de libertad. Las 1.716 restantes fueron ejecutadas en régimen de internamiento.

Respecto al primer tipo de medidas, casi la mitad (4.348) correspondió a la gestión de la libertad vigilada y 1.438 a prestaciones en beneficio de la comunidad. Destacó también la realización de 982 tareas educativas, 584 tratamientos de drogodependencias y 449 de salud mental, entre otras intervenciones.

El cumplimiento de las resoluciones en medio cerrado se llevó a cabo en los 15 centros de internamiento que funcionan en la comunidad autónoma, con 764 plazas y servicios de intervención terapéutica en drogodependencias y salud mental, entre otros.

Además de las medidas dictadas por los jueces, la legislación penal de menores prevé la mediación para casos en los que los jóvenes reconocen la infracción, piden perdón y reparan el daño cometido. En 2013, la Junta propició 1.974 mediaciones, que en un 65 por ciento resultaron fructíferas y evitaron la celebración de juicio.

Los menores de sexo masculino representaron el 89,5 por ciento del total de internados en centros y el 84 de los que cumplieron medidas en medio abierto, mientras que la proporción femenina fue del 10,5 y el 16 por ciento, respectivamente.

En cuanto al tipo de delitos y faltas, el 41 por ciento de las que motivaron medidas en medio abierto tuvo su origen en robos, hurtos y daños al patrimonio, mientras que el 15,9% fueron lesiones, el 15,2 malos tratos y el 9,1 por ciento acciones contra la seguridad colectiva.

Por su parte, los delitos más frecuentes entre los menores internados fueron el robo con violencia (39%), el maltrato familiar (25%), el quebrantamiento de medida judicial (18%) y los relacionados con lesiones (8%).

Desde la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor en el año 2000, la Junta de Andalucía ha multiplicado por tres el número de plazas de internamiento, que han pasado de 242 a 764.