La juez de Instrucción número 15 de Sevilla ha citado a declarar como imputada este martes a la dueña del restaurante Río Grande, María del Carmen García Sánchez, tras ser denunciada por un comprador al que vendió el negocio "ocultando" que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares mantenía embargadas sus participaciones sociales en el mismo a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 1.990.689,36 euros que le impuso.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que fue el pasado mes de octubre de 2013 cuando la propietaria de este restaurante sevillano vendió a cambio de una "elevada" suma de dinero al denunciante tanto el negocio como las dos fincas sobre las que se asienta el mismo en la calle Betis de la capital hispalense.

Las mismas fuentes consultadas han precisado que, cuando el afectado fue a escriturar la compra, fue informado de que la juez Mercedes Alaya mantenía embargadas a la dueña de Río Grande sus participaciones sociales en el negocio, a lo que se suma que la propia Río Grande había sido declarada responsable civil subsidiaria de la fianza impuesta a María del Carmen García.

Por este motivo, el afectado dio por resuelto el contrato de compraventa y reclamó a la imputada el dinero entregado a cuenta, a lo que ésta se negó, por lo que tras una serie de negociaciones infructuosas decidió denunciarla por un presunto delito de estafa.

Tras ello, la juez de Instrucción número 15 de Sevilla la ha citado a declarar este martes día 1 de abril, a partir de las 10,30 horas.

En fechas posteriores a estos hechos, cabe recordarlo, la juez Alaya embargó el propio restaurante, otra finca situada en esa misma zona de la calle Betis pero en sus números pares, y un apartamento ubicado en Arévalo (Ávila), mientras que también ordenó embargar a la dueña del restaurante sus saldos bancarios y las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.

Tasación de los bienes embargados

En este sentido, el abogado del restaurante Río Grande ha recurrido el decreto de embargo y ha pedido que se realice una tasación de todos estos bienes para, a continuación, levantar el embargo trabado "sobre aquellos bienes para los que, a la vista de las valoraciones practicadas, se muestre innecesario y perjudicial para el responsable civil" dicho embargo.

En su recurso de revisión, consultado por Europa Press, el letrado estima "no ajustado a derecho" el embargo de los bienes referidos, los cuales "superan con mucho el doble de la cantidad a afianzar, causando un perjuicio innecesario a la mercantil", recordando que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "será suficiente que la valoración de los inmuebles embargados sea el doble que el de la fianza constituida en metálico".

A este respecto, adjunta la oferta vinculante que Banesto le remitió para la concesión de un préstamo hipotecario, con fecha 29 de noviembre de 2012, por la que "el valor sólo" de la finca donde se ubica el restaurante "asciende a 5.238.957 euros, y tal y como se desprende de la lectura de la nota simple aportada por la Guardia Civil, responde de hasta 9.189.692,8 euros".