Las altas tasas de extranjería en Cataluña provoca que muchos recurran a las trampas legales

  • Los trámites del permiso de empleo cuestan unos 50 euros más en Cataluña.
  • Como alternativa, optan por pedir la tarjeta europea de residencia y trabajo.
  • Algunos ayuntamientos cobran una tasa extra por la emisión de los informes de extranjería.
Algunos trabajadores extranjeros.
Algunos trabajadores extranjeros.
EP
Algunos trabajadores extranjeros.

La pareja de hecho de David Vicente Bernabeu es de origen filipino y debe renovar el permiso de residencia y trabajo. Su caso ha hecho aflorar la opción de buscar trampas legales, como solicitar la tarjeta europea de residencia y trabajo, para evitar tener que pagar el sobrecoste de tasas en Catalunya. Aquí, desde que en 2011  la Generalitat asumió las competencias, se pagan unos 50 euros más que en otras autonomías.

David y su pareja se han encontrado con varios pagos obligatorios: la tasa por emisión y notificación de los informes de extranjería (de cuatro tipos) que es de 20 o 35 euros y que la fija la Generalitat.

En este primer caso y dependiendo del Ayuntamiento, también se debe pagar una tasa extra por la gestión municipal si el consistorio así lo ha establecido (en el caso de Barcelona no se cobra).

El segundo desembolso es la modificación de una autorización de trabajo inicial (a abonar por el empleador) que en Catalunya asciende a 201,65 euros, pero que a nivel estatal ronda los 180 euros, según la Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC).

El tercer pago es de 15,30 euros por la expedición de la tarjeta física con huella digital por parte de la Policía Nacional. Sumando los importes, Bernabeu y su pareja deben pagar  251,95 euros cuando en otras autonomías no llega a los 200 euros.

Rechazo de la UGT

David Papiol, presidente de AMIC-UGT, se muestra «contrario a la tasa de 35 euros de la Generalitat» y denuncia  que se grave más estos trámites «en momentos en que la gente está tan necesitada».

Además, se queja de los «baremos arbitrarios que aplica cada ayuntamiento, a pesar de que son los gestores reales. La Generalitat únicamente realiza el trámite burocrático». Y pide al Govern «homogeneizar» las tasas.

AMIC recibió 19.222 consultas en 2013 en Catalunya. De estas, un 20% (cerca de 4.000) podrían ser de afectados por  las tasas de los informes.

Vericuetos legales

Como David y su mujer, otros afectados se plantean pedir «la tarjeta europea de residencia y trabajo», que expide el Estado y que «tiene coste cero o muy bajo», además de tener ámbito europeo y no solo español. Según AMIC, esta trampa legal no siempre es válida pues es indispensable estar inscrito en el registro municipal de parejas de hecho y ciudades como Barcelona no lo tienen.

La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, apuntó en junio de 2013 que estaban «estudiando» homologar la tasa de los informes de extranjería que cobran algunos municipios y que se suma a los 35 euros que cobra la Generalitat. Pero, a día de hoy, cada ayuntamiento sigue cobrando lo que quiere. En dos años y tras 60.000 informes de extranjería, el Govern podría haber ingresado un millón de euros anual.

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