Aprobado el proyecto de ley de buen gobierno de Asturias, una norma "más dura" que la nacional

La Ley de Transparencia ha sido analizada y remitida al Consejo Consultivo para su dictamen
Guillermo Martínez, en rueda de prensa
Guillermo Martínez, en rueda de prensa
ARMANDO ALVAREZ
Guillermo Martínez, en rueda de prensa

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades de Altos Cargos, que será remitido a la Junta General del Principado para su tramitación parlamentaria. Se trata de una regulación "más dura" que la normativa nacional, según ha afirmado en rueda de prensa el consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez.

El proyecto de Ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades de Altos Cargos no incluye finalmente la limitación del mandato del presidente a ocho años, tal y como pretendía el Ejecutivo en un principio. El motivo del cambio es que el Consejo Consultivo del Principado ha considerado más adecuado que ese aspecto sea regulado en una reforma de la actual ley del Presidente del Principado de Asturias. IU ya ha introducido una propuesta en la Junta General en ese sentido, con la que el Gobierno regional está de acuerdo.

De esta forma, la Ley de Buen Gobierno e incompatibilidades de Altos Cargos se centra en delimitar las obligaciones inherentes al buen gobierno, las medidas correctoras en caso de incumplimiento y los límites adecuados para evitar conflictos de intereses.

"Es fruto de la voluntad expresa del Consejo de Gobierno y de los altos cargos de la Administración de establecer un compromiso con la ciudadanía sobre las normas de conducta que deben regir el desempeño de sus funciones", ha señalado Martínez.

El proyecto se asienta sobre los principios de "integridad, ejemplaridad, liderazgo, transparencia, honradez, austeridad, accesibilidad y lealtad institucional". Además de definir lo que se considera alto cargo, el texto incluye un catálogo de infracciones que amplía las que recoge la norma estatal.

El anteproyecto autonómico incorpora también infracciones y sanciones en materia del régimen de incompatibilidades, pero para mayor claridad unifica el régimen y el procedimiento sancionador en uno solo.

Así, las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación, mientras que las muy graves y graves lo serán con la destitución del cargo público, la inhabilitación para ocupar los cargos públicos durante un periodo de cinco a diez años y la pérdida del derecho a percibir cualquier tipo de indemnización tras haber sido destituido.

Además de estas sanciones, se contemplan otros escenarios cuando la infracción trascienda el ámbito competencial de la Administración del Principado. Así, en caso de supuesto delito, será la jurisdicción penal la que asuma el procedimiento. Cuando se aprecie responsabilidad contable, se informará a la Sindicatura de Cuentas, previa comunicación a la Junta General.

Ley de transparencia

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha analizado el proyecto de Ley de Transparencia, que será sometido al dictamen del Consejo Consultivo antes de su aprobación definitiva.

En principio tanto la ley del buen gobierno como la de transparencia estaban planteadas para tramitarse en un único texto. "Pero como también se abordaban cuestiones relativas a la participación y evaluación de políticas públicas, así como la modernización del régimen de incompatibilidades, resultaba demasiado complejo agrupar todo el contenido en una sola ley", ha explicado Martínez.

El proyecto de Ley de Transparencia se fue elaborando de forma simultánea a la ley nacional (ley 19/2013, de 9 de diciembre), que en su mayor parte constituye normativa básica. Al igual que el proyecto de Ley de Buen Gobierno, también estuvo abierto a la participación ciudadana en la página web Asturias participa y, posteriormente, a un período de información pública.

Una vez que se reciba el dictamen del Consejo Consultivo, el proyecto será remitido a la Junta General. Como novedades respecto a la legislación estatal, la normativa autonómica incluye dos títulos específicos sobre evaluación de las políticas públicas y participación ciudadana. También incorpora otras importantes, como que el Consejo de Gobierno aprobará en cada legislatura un plan estratégico de transparencia que incluirá todas las medidas dirigidas a promover y desarrollar la transparencia administrativa en Asturias.

Además el Gobierno creará un distintivo para reconocer a aquellas entidades e instituciones que destaquen por la aplicación de políticas de transparencia. En el ámbito organizativo también hay cambios, al crear el Consejo Asesor de Transparencia, un órgano independiente que se adscribe al Consejo Consultivo, encargado de resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información y la constitución de la Comisión de Transparencia.

En el ámbito de la Administración del Principado, una de las consejerías asumirá las competencias en esta materia y se encargará del seguimiento de las políticas de transparencia y gobierno abierto. Se crearán también las unidades de información en cada consejería para velar por el cumplimiento de los objetivos de transparencia y atender a las demandas.

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