El Ejecutivo ha acordado este jueves en Consejo de Gobierno imponer dos sanciones muy graves en materia de residuos a las empresas Sidefluor S.A. y Bluemon Trader, S.L por su actuación en las instalaciones de las antiguas minas de mercurio La Soterraña, en Muñón Cimero, en Lena.

Cada una de las empresas deberá hacer frente a una multa de 180.004 euros por la comisión de cuatro tipos de infracciones. Por ejercer la actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos sin autorización administrativa: multa de 45.001 euros

Por el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos peligrosos: 45.001 euros. Por mezclar diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí y de estos con otros que no tienen tal consideración: multa de 45.001 euros. Y por entregar, vender o ceder residuos peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en la ley: multa de 45.001 euros.

El expediente sancionador se abrió en abril del año pasado, fecha en la que también se ordenó la paralización de los trabajos que estaban desarrollando estas empresas en las instalaciones de la mina La Soterraña, por carecer de los correspondientes permisos.

La actividad ilegal fue denunciada por la guardería de la Dirección General de Calidad Ambiental y por la Guardia Civil de Lena a través del SEPRONA. Seguidamente los hechos fueron ratificados por inspecciones del Servicio de Residuos de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

Las minas

Las minas de La Soterraña comenzaron su actividad a mediados del siglo XIX y estuvieron en explotación hasta los años 70 del siglo XX. El mineral que se extraía, el cinabrio, está compuesto en torno a un 85% por mercurio. El mercurio se obtenía por tostación de dicho mineral.

La actividad de las empresas denunciadas consistió en la demolición de estructuras y elementos metálicos, así como en la gestión y transporte de este material para su venta como chatarra ordinaria. Estas actividades se realizaron sin las autorizaciones necesarias y sin un estudio de las características de los residuos.

Más de 1,4

Millones para mantener la justicia gratuita

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la autorización para atender el pago de 1.465.774,01 euros a los colegios de abogados y procuradores de Oviedo y Gijón, correspondientes los servicios de justicia gratuita del cuarto trimestre de 2013.

La financiación de los servicios de asistencia jurídica gratuita se realiza a través de subvenciones. Así, es la Consejería de Presidencia, competente en materia de justicia, la que sufraga el beneficio de asistencia jurídica gratuita a los profesionales, a través de sus colegios.

Trimestralmente y dentro del mes natural siguiente, los colegios profesionales de abogados y procuradores de Oviedo y Gijón solicitan la subvención por una cuantía concreta, incluyendo las retribuciones de los profesionales generadas durante el periodo anterior y los gastos de gestión.

La partida presupuestaria, inicialmente de 3.801.064 euros, se aumentó en 2013 hasta alcanzar los 5.192.000 euros. Esta cantidad es similar a la abonada en 2012 (5.147.000 euros). La previsión de gasto para el presente ejercicio será sensiblemente superior por el cambio legal operado en febrero de 2013.

El Gobierno asturiano tiene normalizado el pago de estas subvenciones, afectadas en este último año por la vigencia de la Ley de Tasas y por la elevación de los umbrales de renta para tener accesos a este tipo de asistencia, ante la modificación operada (por el Real Decreto ley 3/2013, de 22 de febrero) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora del contenido del derecho, del procedimiento para su reconocimiento y efectividad, y de encomienda de la gestión colegial de los servicios.