La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado que la intervención del Gobierno evitará que la reapertura de la mina de Aznalcóllar se produzca "sin las debidas garantías" y ha agradecido el "buen trabajo" desarrollado por los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Industria y Energía para "impedir que el decreto de reapertura de las minas de Aznalcollar (Sevilla) siga su curso en los términos planteados por el Gobierno andaluz".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Crespo ha explicado que el citado decreto "invadía competencias del Estado y abocaba a situaciones de inseguridad jurídica que hubieran podido ser objeto de reclamaciones por empresas privadas, prolongando el proceso 'sine die' y creando incertidumbre en el futuro económico de la comarca".

La delegada se ha congratulado igualmente de que el Gobierno andaluz "acceda a la invalidación del decreto-ley y reconozca las consecuencias negativas que su aplicación hubiera tenido tanto para la comarca de Aznalcóllar como para las empresas interesadas en el concurso público convocado para la explotación de la mina, "ya que la adjudicación se hubiera realizado sin las debidas garantías".

Asimismo, ha recordado que, en el decreto-ley invalidado tras la reunión mantenida este jueves en Madrid, a la que ha asistido el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, "la Junta de Andalucía declaraba zona de reserva minera el complejo de Aznalcóllar, cuando esta facultad es exclusiva del Estado de acuerdo con la legislación vigente".

En este sentido, ha explicado que tanto las empresas que tienen solicitados permiso de investigación sobre la mina como otras organizaciones civiles "ya habían advertido que el decreto-ley, en su actual redacción, es inconstitucional y, como tal, hubiera podido ser recurrido por terceras empresas con intereses o derechos adquiridos en la zona".

El consejo de ministro se pronunciará "a la mayor brevedad"

El acuerdo alcanzado este jueves en Madrid implica, según Crespo, que "el Gobierno retirará el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra el decreto-ley de la Junta, que queda invalidado y que, a la mayor brevedad, el Consejo de Ministros aprobará, en función de sus competencias y a instancias de la Junta de Andalucía, la declaración de reserva de explotación de los derechos mineros en la zona de Aznalcóllar".

Por otra parte, el concurso público para la explotación de la mina seguirá en manos de la Junta de Andalucía a través de la fórmula técnica que acuerden los servicios jurídicos de ambas administraciones.

Crespo ha recordado que el recurso de inconstitucionalidad "no hubiera si necesario si la Junta hubiera respetado el marco competencial vigente, ya que el Estado es el único competente para declarar zonas de reserva minera por carácter de urgencia o de utilidad pública e interés social."

"La voluntad del Gobierno de España es que el potencial minero de Aznalcóllar se ponga en valor con todas las garantías jurídicas, procedimentales y medioambientales", ha añadido.

Crespo ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y vecinos de Aznalcóllar y ha asegurado que "el Gobierno de España trabajará para que el potencial minero de la franja cree riqueza y empleo con las debidas garantías jurídicas, procedimentales y medioambientales".

A partir de ahí "trabajaremos con lealtad institucional y con la mano tendida al Gobierno andaluz, siempre que no actúe unilateralmente, vulnerando la Constitución y el marco competencial", ha concluido.