Río Grande reclama a la juez Alaya una tasación del restaurante y resto de fincas embargadas

A su juicio, el valor de los bienes embargados "supera con mucho el doble de la cantidad a afianzar"

El abogado del restaurante sevillano Río Grande, a quien la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares declaró responsable civil subsidiario de la fianza de 1.990.689,36 euros impuesta a la dueña del establecimiento, María del Carmen García Sánchez, ha recurrido el decreto por el que se embargaban el propio restaurante, otra finca situada en esa misma zona de la calle Betis pero en sus números pares, y un apartamento ubicado en Arévalo (Ávila), a fin de que se realice una tasación de todos estos bienes.

De este modo, la mercantil recurre el decreto de embargo dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y pide que se acuerde dicha tasación para, a continuación, levantar el embargo trabado "sobre aquellos bienes para los que, a la vista de las valoraciones practicadas, se muestre innecesario y perjudicial para el responsable civil" dicho embargo.

En el recurso de revisión, consultado por Europa Press, el letrado estima "no ajustado a derecho" el embargo de los bienes referidos, los cuales "superan con mucho el doble de la cantidad a afianzar, causando un perjuicio innecesario a la mercantil", recordando que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "será suficiente que la valoración de los inmuebles embargados sea el doble que el de la fianza constituida en metálico".

A este respecto, adjunta la oferta vinculante que Banesto le remitió para la concesión de un préstamo hipotecario, con fecha 29 de noviembre de 2012, por la que "el valor sólo" de la finca donde se ubica el restaurante "asciende a 5.238.957 euros, y tal y como se desprende de la lectura de la nota simple aportada por la Guardia Civil, responde de hasta 9.189.692,8 euros".

Por todo ello, pide a la juez que acuerde la tasación de las fincas embargadas, designando perito para ello, "tras lo cual se acordará revisar el decreto impugnado, en el sentido de levantar el embargo trabado sobre aquellos bienes que, a la vista de las valoraciones practicadas, se muestre innecesario y perjudicial para el responsable civil".

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