El abogado que ejerce la acusación particular en el caso Bárcenas en representación de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, ha señalado este jueves en Palma que el proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "dificultará" la persecución de la corrupción política y económica debido a la "rebaja en las condenas relacionadas con estos casos".

Así lo ha puesto de manifiesto durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto al coordinador de Esquerra Unida Baleares, Manel Carmona, con quien ha comparecido con motivo de la jornada de trabajo organizada este jueves por el partido para analizar la corrupción en las islas así como el desarrollo de las investigaciones de Gürtel y los papeles de Bárcenas.

En su intervención, Santiago, quien en nombre de IU interpuso la querella contra Bárcenas por presunta financiación irregular, ha expresado su "desolación" ante la modificación prevista del CP, que afectará de forma negativa a la lucha contra "una corrupción que ha provocado un inmenso derroche de dinero público" y que se ha plasmado asimismo "en el ánimo de acumulación de riqueza por parte de las grandes empresas".

Una situación a la que, ha recriminado, se suma "el ambiente actual de absoluta impunidad existente" y unos comportamientos ilícitos que "no podrán atajarse mientras no cambien las leyes".

Ya en relación con los papeles de Bárcenas, el abogado ha subrayado que hasta el momento se ha podido demostrar en sede judicial la veracidad de al menos 60 apuntes contables que aparecen en esa documentación, a lo que se añade el hecho de que perceptores de fondos recogidos en la supuesta contabilidad B del PP, como el diputado nacional Eugenio Nasarre, el exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo o el exdirigente 'popular' en Navarra Calixto Ayesa han reconocido estos hechos.

Es más, en referencia a Baleares el letrado ha hecho alusión a la "veracidad" de los apuntes en los que aparece reflejado el nombre del expresidente del Govern y exministro Jaume Matas, quien "cobró del sistema de financiación irregular" cantidades que coincidían, ha afirmado, con el alquiler de un piso en la calle Goya de Madrid, que según las pesquisas se elevaba a 4.200 euros al mes -hasta 8.400 euros con fianza, cifra que figuraba en los apuntes contables-.

En esta línea, Santiago se ha referido a un presunto sistema de blanqueo a través de donativos así como a una asociación ilícita dentro del PP desde al menos 1990 "para llevar a cabo un plan criminal perfectamente ejecutado".

Expolio de más de 300

Millones de euros en las islas

Por su parte, Carmona ha centrado su intervención en la situación de la corrupción en Baleares, donde el expolio de las arcas públicas asciende, ha estimado, a más de 300 millones de euros a raíz de la actuación de PP y la desaparecida Unió Mallorquina (UM) al frente de las instituciones públicas. A ello se suma, ha precisado, los más de mil millones de euros que al año se defraudan a la Agencia Tributaria desde el archipiélago.

El dirigente de IU ha solicitado finalmente a Gallardón que "no ponga obstáculos a la justicia", apelando a la necesidad de que "sea más sensible a la petición de un mayor número de recursos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Baleares", además de impulsar "una lucha más decidida contra la corrupción".