El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes la nueva Ley del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunitat Valenciana, aprobada el pasado 19 de febrero por las Corts, que reduce de 29 a 18 el número de sus miembros.

El pleno de las Corts aprobó esta ley con los votos a favor de los diputados de los grupos popular y socialista, de forma que se superó la mayoría cualificada de tres quintos necesaria para dar luz verde a la norma. Por su parte, Compromís y EUPV se abstuvieron.

El CES tendrá un presidente y, además, estará constituido por cinco representantes sindicales y cinco de organizaciones empresariales. También habrá un miembro del sector de la economía social; otro del sector primario; uno de organizaciones de consumidores, usuarios o vecinos; otro de corporaciones locales; y un representante del Consejo de Cámaras de Comercio. Finalmente se compondrá de dos expertos en asuntos relacionados con las competencias del Comité.

La nueva norma, además de reducir el número de miembros del CES y reorganizar los grupos en los que se integra, estructura sus contenidos de acuerdo para facilitar su lectura e interpretación integrada y adapta determinadas referencias normativas y denominaciones a las exigencias derivadas de la reforma estatutaria de 2006 y del resto del ordenamiento jurídico vigente en la actualidad.

Asimismo, se da cumplimiento al artículo 48 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, que obliga a las administraciones públicas valencianas a poner en marcha los medios necesarios para que toda norma o escrito administrativo respete en su redacción las normas relativas a la utilización de un lenguaje no sexista.

Tal y como consta en el preámbulo de la ley, "en la actual situación de prolongada crisis económica, cuando se está pidiendo a la ciudadanía que realice importantes sacrificios para lograr una significativa reducción del déficit público que permita a España afianzar su credibilidad en los mercados internacionales y retomar la senda del crecimiento y la creación de empleo", las administraciones públicas han de ser "parte activa a la hora de alcanzar tales logros y deben contribuir, cada una en la medida de sus posibilidades, a la consecución de los objetivos marcados".