El dictamen sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional debe ahora ser aprobado por el pleno del Congreso para su remisión al Senado.
Si se aprueba definitivamente antes de junio, Casas podrá seguir en el cargo y presidir temas tan conflictivos como el recurso del Estatuto de Cataluña. Además, mantendría el voto de calidad en un tribunal formado por seis magistrados 'progresistas' y seis 'conservadores'.
El objetivo final de la reforma de esta ley es agilizar la tramitación de los asuntos que competen al tribunal, algo estancada, y replantear su dedicación a cada una de sus funciones.
La enmienda, propuesta por Izquierda Unida y a la que se opusieron el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, supone la continuación de la actual presidenta hasta la próxima renovación de magistrados del Constitucional, que no se efectuará hasta diciembre.
La iniciativa implica que 'si el mandato de tres años para el que fueron designados como presidente y vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados'.
El grupo socialista aseguró que su apoyo no respondía a necesidades marcadas por la actualidad. Para el diputado Ramón Jáuregui es lógico que 'los que eligen al presidente del Tribunal sean los magistrados que van a ser presididos por él, no los que van a ser cesados'.
El diputado del PSOE recordó que este tipo de prórrogas ya se habían hecho en otras ocasiones con el mismo fin por acuerdo interno.
Dicho consenso se presentaba ahora más complicado en el seno del Alto Tribunal tras la polémica recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps para estudiar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto catalán que dejó en mayoría a los llamados 'conservadores'.
Ignacio Astarloa, diputado del PP, calificó la reforma de 'Ley Casas' y consideró que la sesión del lunes había contribuido de forma determinante a la 'ruptura de consensos básicos', calificándola como primera consecuencia de la llegada del nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
'Damos por canceladas las negociaciones sobre el resto de las leyes en tramitación', principalmente en el ámbito de Justicia, concluyó Astarloa.
/Por Edgar Aribau/
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