El PP dice que mantener a la presidenta del Constitucional en el cargo es "la primera plasmación del efecto Bermejo"

La Comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer el dictamen sobre el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), paso previo a su debate en el pleno de la Cámara, con la oposición del PP, que anunció la ruptura del diálogo sobre el resto de las leyes del ámbito de la Justicia.

El Partido Popular ha decidido no apoyar el proyecto de reforma debido a que no están de acuerdo en que la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, extienda su mandato (que vence en junio de este año) hasta enero de 2008.

La enmienda transaccional que permite esta prórroga fue presentada por IU y consiste en que si el mandato de tres años para el que son designados el presidente y el vicepresidente del tribunal no coincide con la renovación del TC, "tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados".

Esta enmienda permitiría que, mientras el Constitucional delibera sobre los recursos al Estatuto de Cataluña, Casas siga en su puesto a partir de junio y hasta diciembre.

"Si la enmienda se aprueba, esta ley se podrá llamar la Ley Casas", ironizó el portavoz del PP ante la Comisión Constitucional, Ignacio Astarloa, que aseguró que el objetivo de la propuesta presentada por IU es simplemente "garantizar la continuidad" de la presidenta en este momento.

El portavoz socialista, Ramón Jaúregui le respondió diciendo que la finalidad de la enmienda es que el presidente del TC sea elegido por los magistrados que van a formar parte del tribunal durante varios años, "y no los que van a ser cesados al cabo de pocos días o meses".

"Los temores que teníamos entonces han acabado confirmándose", dijo el portavoz del PP, que añadió que el control previo de constitucionalidad es especialmente importante en los casos en los que los textos estatutarios son sometidos a referéndum.

Un Constitucional equilibrado

En términos prácticos, la reforma permitirá que se mantenga el equilibrio en los debates, pues el tribunal actual está conformado por seis magistrados de ideología 'progresista' y el mismo número de 'conservadores'.

El TC está formado por 12 magistrados con un mandato de nueve años. A cuatro de ellos se los va sustituyendo cada tres años, y se designa un nuevo presidente y un nuevo vicepresidente.

Aunque la prórroga en el mandato de la presidencia hasta el cambio efectivo de los magistrados se venía haciendo en la práctica, como recalcó Jáuregui, se necesitaba el beneplácito de los jueces para hacerlo.

Posiblemente, con el debate de los Estatutos de Autonomía en el medio, tal acuerdo no se hubiera llevado a cabo, especialmente tras la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, que ha dejado en minoría al sector progresista de cara al debate sobre el Estatuto catalán.

"Esta ley es la primera plasmación del 'efecto Bermejo'", señaló Astarloa, en referencia al nuevo ministro de Justicia.

"Canceladas" las conversaciones

Astarloa añadió que, a partir de ahora, quedan "canceladas" las conversaciones que su grupo mantenía para la reforma de varias leyes procesales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ramón Jáuregui, por su parte, señaló que el grupo socialista había intentado "alcanzar un consenso con todos", pero que al final el Gobierno había tomado la "decisión política" de sacar la ley adelante "porque el Tribunal Constitucional se ahoga, no puede más".

Reducir la carga de trabajo

La reforma de la LOTC pretende reducir la sobrecarga de trabajo del Alto Tribunal y combatir la lentitud de los procedimientos de este órgano mediante la reforma del recurso de amparo, de modo que según el proyecto éste sólo será admitido a trámite cuando concurran todos los requisitos establecidos para ello, de los que el principal es que el asunto tenga "relevancia constitucional".