Un Juzgado de lo Mercantil de Madrid ha admitido la demanda colectiva interpuesta por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) y 3.200 preferentistas contra Bankia y Caja Madrid Finance Preferred y emplazado a otros perjudicados para unirse al proceso en el plazo de dos meses.

En un auto, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, Javier García Marrero rechaza, no obstante, la pretensión de Adicae para que examine las causas de nulidad de los contratos "suscritos por falta de elementos esenciales para su validez, por infracción de preceptos del Código Civil y por defectos causantes de la anulabilidad".

Así, considera que "cabría la posibilidad de inadmitir totalmente la demanda por indebida acumulación de acciones", pero para evitar la interposición de una nueva, es "posible" aceptarla solo en lo relativo a la competencia mercantil, esto es, la acción de cesación, la de publicidad engañosa, la nulidad por abusividad de las condiciones y la petición de daños y perjuicios.

Por último, tras instar a otros perjudicados a unirse al proceso, para lo que lo suspenderá durante dos meses, advierte de que no admitirá personaciones posteriores.  Según Adicae, esta resolución confirma "el carácter colectivo del fraude y la necesidad de abordarlo mediante la acción judicial colectiva" y "tumba las pretensiones de individualización" del mismo.

Por ello, la asociación informa que hasta finales de mayo llevará a cabo una "intensa campaña" para informar al resto de afectados, ya que "dos tercios de los 300.000" perjudicados "aún no han visto ninguna solución".

La banca nacionalizada -Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa- ha devuelto más de 3.000 millones de euros a clientes que compraron participaciones preferentes y deuda subordinada y a los que el arbitraje les dio la razón.

Sin embargo, no han corrido la misma suerte miles de afectados, que habían invertido más de 3.500 millones en los mismos productos híbridos de estas entidades y cuyas solicitudes de arbitraje fueron rechazadas al entender que no hubo "mala praxis" en la venta.

Según los datos de un informe remitido a la comisión de seguimiento de las participaciones preferentes, en concreto las tres entidades nacionalizadas devolverán 3.076 millones de euros gracias al arbitraje.

Las cajas que dieron lugar a Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa emitieron participaciones preferentes y deuda subordinada por importe total de unos 9.772 millones de euros. Con la nacionalización y la entrada en pérdida de estos tres grupos, cientos de miles de pequeños ahorradores dejaron de recibir los intereses por sus productos híbridos, los cuales compraron en ocasiones creyendo que eran seguros y similares a un depósito.

La posibilidad de recurrir a un arbitraje hizo que los titulares de unos 6.833 millones de euros, casi el 70% de la deuda emitida por las cajas de los tres grupos, solicitaran esta vía, alternativa a la judicial, más rápida y económica, para tratar de recuperar su dinero.

Al final, las entidades compensarán a buena parte de ellos, sin embargo se quedarán fuera del arbitraje clientes que invirtieron más de 3.604 millones en preferentes y deuda subordinada, lo que no quita para que acudan a la vía judicial o vendan las acciones que recibieron en el momento del canje de sus productos híbridos.

En enero de 2013, el PP y el PSOE llegaron a un acuerdo para dar salida a estos miles de afectados por las preferentes y decidieron crear una comisión parlamentaria de seguimiento para decidir el perfil de cliente que podía optar al arbitraje con el objetivo de recuperar el 100 % de su inversión.

La comisión nació liderada por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y en ella estaban responsables del Banco de España, Sanidad y Consumo, el Tesoro y las consejerías autonómicas que participaron en los arbitrajes y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

El arbitraje nació especialmente para los afectados por las participaciones preferentes vendidas por las cajas integradas en Bankia, porque Novagalicia y Catalunya Caixa ya habían recurrido a esta medida.