El exjuez Baltasar Garzón considera "lógica" la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de no cerrar la investigación por la muerte del cámara José Couso en Irak, y confía en que la ley que limita la Justicia Universal "acabe en el Tribunal Constitucional" y éste declare su inconstitucionalidad.

A su juicio, se trata de una ley ad hoc que utiliza "vestimentas seudolegales" para "garantizar la impunidad y la indefensión de las víctimas" y que "quebranta convenios" firmados por España. "Los jueces tienen obligación de no aplicar normas que son inconstitucionales y, en la instancia que corresponda, tendrían que plantearse la propia inconstitucionalidad de la ley", ha dicho.

Garzón ha señalado en declaraciones a la Ser que la ley tiene varias causas de inconstitucionalidad porque quebranta derechos fundamentales, "pero sobre todo la que obliga retroactivamente a archivar procedimientos excede absolutamente las competencias del legislativo".

Ha comentado que le "cuesta creer" que un juez vaya a archivar una causa por orden del legislativo, subrayando que corresponde a ellos decidir si concurren los supuestos previstos en una ley.

Por eso, cree que la decisión de Pedraz es "estrictamente legal" y que así deberían ser también las decisiones de los demás magistrados, "que deben mantener las causas abiertas" hasta que se decida sobre su sobreseimiento.

Garzón ha hablado también sobre este asunto en el Congreso, poco antes de intervenir en un seminario organizado por la Izquierda Plural. Allí ha dado un paso más y ha abogado por "mirar en el Código Penal algunas definiciones" de lo que han hecho los diputados y senadores que han han aprobado la reforma, ya que, a su juicio, ésta "usurpa claramente el ámbito del poder judicial".

El exjuez ha dicho no tener ninguna duda de que el incumplimiento de convenios internacionales pueden acarrear sanciones para España por parte del Comité de Desaparición Forzada de Personas, el Comité de Tortura y otros, ante los cuales la Fundación Internacional Pro Derecho Humanos y Jurisdicción Universal que él preside ha denunciado la ley española.

Garzón ha apuntado que las sanciones tienen que ir encaminadas a garantizar que la investigación se mantenga hasta que se aclare la constitucionalidad de la ley.

Convencido de que los poderes económicos y políticos del mundo están detrás de esta "reforma exprés", Garzón ha asegurado que "fuera de España esto es un escándalo" y ha subrayado que no lo dice por "animadversión al Gobierno del PP".

"Todos hemos visto por qué se ha llevado adelante esta reforma exprés y se llama investigación del caso Tibet y China, además de otros aspectos que influyen como Guantánamo y Estados Unidos, y que deberían tener solución por otros cauces", ha apuntado.

No comparte esa postura el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, quien ha considerado "fuera de lugar" la decisión adoptada por Pedraz. "Los jueces están obligados a aplicar la ley" que emana del Parlamento, ha señalado.

El dirigente popular ha denunciado que en España, "dependiendo de dónde caiga un asunto" puede saberse cómo se va a resolver, porque se conoce el "perfil ideológico del juez", ya que los jueces pueden decidir integrarse en asociaciones con "sesgo ideológico".

Floriano ha negado que los políticos tengan responsabilidad en esa situación: "Es culpa de quien lo hace, como es culpa de los que toman decisiones siempre en la misma dirección, no porque lo diga la ley, sino porque el asunto tiene determinado sesgo ideológico".

El vicesecretario de Organización del PP ha insistido en una entrevista en la Cope en que hay "posiciones difícilmente explicables y, sobre todo, dudosas", porque considera que "en otros casos el comportamiento es distinto", en función del "sesgo" que tenga el asunto.

"Haríamos un gran favor si los jueces se dedicasen a aplicar la ley y nosotros a legislar", ha remachado, variando así la posición manifestada el lunes, cuando se limitó a expresar respeto por la decisión judicial.