• Simplificar el sistema.
• Recomponer las bases imponibles.
• Reducir las tarifas y tipos: entre ellos, bajar el IRPF.
• Proteger los rendimientos más reducidos del trabajo: "Los mileuristas no deberían pagar impuestos".
• Cambiar sustancialmente los impuestos medioambientales.
• Luchar contra el fraude fiscal.
• Mejorar la unidad de mercado y la neutralidad fiscal.

Principales cambios

• IVA: Propone que los productos y servicios gravados con el tipo reducido (10%) pasen al tipo general (21%), excepto en vivienda, turismo y transporte público. En el caso de la vivienda no lo consideran adecuado por las dificultades que provocaría en el proceso de liquidación del stock de viviendas nuevas que están sin vender. En el caso del turismo perjudicaría la competitividad de España. Mientras en el transporte tendría, aseguran, un impacto sobre la oferta de trabajo. "No estamos pidiendo una subida del IVA, sino una reordenación del gravamen", aseguró Lagares, quien añadió que el tipo superreducido "es intocable".

• IRPF: Reducir a cuatro los siete tramos y bajar al menos cuatro o cinco puntos el más bajo, que actualmente está en 24,75% y que el tipo máximo no supere "en ningún caso" el 50% (ahora está en el 52%). El tramo más bajo de renta sería asimismo el tipo único con el que se gravaría el ahorro. Además, plantea una rebaja de la tarifa a aplicar ya en 2015 para las rentas medias bajas, atendiendo a las circunstancias personales de los ciudadanos, así como una revisión "significativa" de los mínimos personales para favorecer a familias con hijos o ascendientes a su cargo. "Para incentivar el ahorro-previsión". El informe preliminar también propone que se elimine la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las ayudas que reciben algunas personas con VIH, ya que entienden que su enfermedad "se ha convertido en crónica" y "no tienen ya riesgo de muerte inmediato".

• Impuesto de Sociedades: Reducir el tipo nominal "de manera significativa" del 30% actual hasta el entorno del 20%, aunque por etapas "con una posición intermedia situada quizá en las proximidades del 25%". Aboga por suprimir el régimen especial de las empresas de reducida dimensión y la supresión de la deducción por actividades de investigación y desarrollo e investigación tecnológica, la deducción por inversión de beneficios, por inversiones medioambientales, la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios y las deducciones por creación de empleo. Además, plantea considerar como fiscalmente no deducible el importe de los gastos financieros netos que se deriven de un exceso de endeudamiento.
  
  
• Deducción de vivienda: Propone acabar en un plazo "razonable" de entre 5 y 10 años con la vieja deducción por adquisición de vivienda. Indica que entre los motivos para acabar con esta deducción está el hecho de que constituye una causa importante, "como se señala por los organismos internacionales", para no reducir el endeudamiento con mayor rapidez incluso disponiendo de fondos suficientes para ello, sino hacerlo anualmente solo hasta el límite fiscalmente permitido para esa deducción. Según los expertos, con ello se alarga artificial e injustificadamente el proceso de desapalancamiento de la economía española.
  
  

• En el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, abogan por su eliminación "siguiendo la tendencia que se aprecia en otros países desarrollados y dados sus efectos negativos sobre el ahorro y sus reducidas recaudaciones". Creen que acaba recayendo sobre la propiedad inmobiliaria, “convirtiéndose en un Impuesto sobre Bienes Inmuebles bis”.
  
  
• Proponen mantener el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones pero creando una tributación mínima por sucesiones en todo el territorio nacional y cuya cuantía debería situarse en el entorno de unos 20.000 o 25.000 euros. "Ese mínimo de exención sería el que proporcionase progresividad a la tarifa lineal del gravamen", explica. Además creen que deberían establecerse solo tres grupos de grados de parentescos: grupo A integrado por cónyuge, ascendientes y descendientes por línea directa, adoptados y adoptantes; grupo B integrado por parientes colaterales de segundo y tercer grado y parientes por afinidad hasta el tercer grado; y grupo C integrado por cualquier otra persona no incluida en los grupos anteriores. La comisión propone que al grupo A se le aplique un tipo reducido (que podría situarse en las proximidades del 4-5%); al grupo B un tipo medio (en el entorno del 7-8%); y al grupo C un tipo más elevado (entre el 10 y el 11%).
  
  
• Sistemas de copago en las autonomías: Consideran que se debería conceder una mayor capacidad normativa a las comunidades autónomas "para establecer sistemas de copago en los servicios públicos de su competencia" y mejorar la capacidad de financiación. Subrayan que la descentralización de impuestos implica "inevitablemente" su diferenciación entre las distintas comunidades, lo que puede provocar "perturbaciones en la unidad del mercado interior e, incluso, en las conductas de los contribuyentes" lo que puede, finalmente, redundar en "rupturas importantes del principio de neutralidad fiscal". Analiza que esa descentralización resulta "óptima" cuando los bienes gravados carecen de movilidad —como ocurre con los inmuebles— pero resulta "ineficiente", cuando se aplica sobre bienes de alta movilidad. Por ello, la comisión insiste en ser muy exigentes a la hora de valorar las facultades normativas de las autonomías.

Otras propuestas

• Crear un impuesto sobre el vino y subir los impuestos especiales que gravan el tabaco y el alcohol para equipararlos con los que hay en Europa. Quieren revisar estos últimos periódicamente para mantener el peso del tributo respecto al precio de consumo.
  
  
• Cobro de peaje en carreteras: con el objetivo de recaudar hasta 4.900 millones de euros anuales. Avisan de que si se articula es preciso “evitar superposiciones” con el nuevo Impuesto sobre el Uso de Vehículos de Tracción Mecánica. El informe calcula que, en caso de que el eventual peaje o tasa por circular por las carreteras se cobre en función del tiempo en que se utilice la infraestructura, generaría una recaudación de unos 1.500 millones de euros. De ellos, 400 millones provendrían de vehículos pesados y otros 1.100 millones de los ligeros.
  
  
• La sustitución de los actuales impuestos de matriculación (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) y circulación (Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte) por una tasa única ligada a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los automóviles.
  
  
• Una subida en los impuestos al gasóleo, hasta equipararlos con la gasolina. Suprimir las exenciones fiscales por dividendos y participaciones en beneficios con el límite de 1.500 euros anuales.
  
  
• Llevar a cabo una "devaluación fiscal" para ganar competitividad e impulsar el crecimiento económico, que pivote sobre una bajada de las cotizaciones sociales que pagan las empresas compensada con la subida del IVA para no poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas, todo ello manteniendo los niveles salariales.
  
  
• Modificar el régimen de residentes no domiciliados para reactivar así el mercado inmobiliario en las zonas de turismo residencial, ante "la elevada bolsa de inmuebles sin vender" que cuenta España especialmente en zonas costeras.
  
  
• Suprimir el impuesto sobre depósitos bancarios o, en todo caso, considerarlo "indelegable" a las comunidades autónomas.