La justicia obliga a retirar las grabaciones privadas de Sarkozy, que hizo su consejero

  • Un medio francés había difundido grabaciones personales del expresidente Sarkozy y su esposa Carla Bruni, que hizo Patrick Buisson, un exconsejero.
  • Los jueces consideran que eso vulnera el derecho a la privacidad, a la que Buisson tendrá que pagar 10.000 euros a cada uno por daños y perjuicios.
  • Sarkozy de enfrenta ahora a otras grabaciones, éstas ordenadas judicialmente, sobre la financiación de su campaña política.
Carla Bruni y Nicolás Sarkozy, en una imagen de archivo.
Carla Bruni y Nicolás Sarkozy, en una imagen de archivo.
EFE
Carla Bruni y Nicolás Sarkozy, en una imagen de archivo.

El Tribunal de Gran Instancia de París condenó este viernes al exconsejero de Nicolas Sarkozy Patrick Buisson a indemnizar al anterior presidente de la República por haber grabado conversaciones contra su voluntad, y exigió al sitio web que las había publicado a retirarlas.

"Es una decisión que nos da plena satisfacción", subrayó el abogado de Sarkozy Thierry Herzog, al dar a conocer ante los medios de comunicación el dictamen del Tribunal, ante el que su cliente se había querellado por el procedimiento de urgencia junto a su esposa, Carla Bruni.

El sitio web Atlantico, que publicó algunas de las grabaciones -realizadas durante el mandato de Sarkozy (2007-2012)-, no podrá volver a ponerlas en línea porque los jueces consideran que eso vulnera el derecho a la privacidad de la pareja, a la que Buisson tendrá que pagar 10.000 euros a cada uno en concepto de daños y perjuicios.

Se trata de grabaciones de conversaciones entre Sarkozy y su esposa, en las que bromean sobre dinero y patrimonio, y del presidente y sus colaboradores que opinan sobre algunos ministros o sobre la prensa.

Patrick Buisson, un antiguo periodista ultraconservador considerado un gurú de la comunicación y al que se le atribuye la "derechización" de Sarkozy durante su infructuosa campaña de reelección presidencial, ha reconocido ser el autor de las grabaciones, pero no de su difusión. Grabó esas conversaciones como método de trabajo, para evitar tomar notas y nunca las borró, pero han terminado en la prensa porque fueron robadas, dice.

No obstante, algunos allegados al político conservador señalaron que no eran conscientes de que las conversaciones se estuvieran grabando, como Claude Guéant, quien fuera secretario general del Palacio del Elíseo y luego ministro del Interior durante la presidencia de Sarkozy (2007-2012).

Respeto a la privacidad

La web Atlantico, que sería sancionado con 5.000 euros cada día si continuara presentando en su web las conversaciones objeto de la querella, señaló a través de su cofundador Jean-Sébastien Ferjou que cumplirán, pero también que van a recurrir en nombre de la libertad de información.

En declaraciones a la televisión BFM TV, Ferjou dijo que habían "respetado la privacidad" de la pareja Sarkozy-Bruni al publicar solo una decena de minutos de las varias horas de grabaciones disponibles, y excluir fragmentos de carácter personal.

Además, señaló que los magistrados tendrían que haber tenido en cuenta "el derecho legítimo a ser informados", ya que las conversaciones servían para poner en evidencia el sistema de grabaciones de Buisson, que le servía como "medio de presión" y "seguro de vida".

Herzog, sin embargo, hizo hincapié en que los jueces habían hecho prevalecer la idea de que "esas grabaciones se hicieron sin el consentimiento de Nicolas Sarkozy", y que aunque Buisson no fuera el que las divulgara, es responsable en la medida de que existían por su culpa. "Esta decisión dice que el fin no justifica nunca los medios" y "protege la vida privada", señaló Richard Malka, otro de los letrados de Sarkozy.

Malka estimó que el dictamen "va en la línea de una democracia moderna" porque "nuestros ciudadanos no pueden vivir bajo la amenaza de ser grabados continuamente".

El contenido de los extractos divulgados no ha sido particularmente dañino para Sarkozy en términos políticos, en un momento en que está en el centro de la actualidad por otras grabaciones más comprometedoras, ordenadas por la justicia.

Se trata de pinchazos de sus teléfonos en los últimos meses por los jueces que investigan una posible financiación de su campaña con el dinero del derrocado líder libio Muamar el Gadafi.

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