La exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, ha declarado en un comunicado su "absoluta inocencia" con respecto a los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación con su actuación en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía.

Álvarez, tras conocer que la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, le ha impuesto una fianza civil de 29,5 millones de euros, ha recordado que su imputación no es firme, por estar pendiente de un recurso de apelación presentado ante la Audiencia y cuya fecha de deliberación está fijada para el próximo 23 de abril. La exministra considera que "queda totalmente fuera de lugar" la imposición de una fianza civil antes de que se resuelva el recurso. Alega además que ni la Fiscalía, ni la Junta de Andalucía ni la Abogacía del Estado consideraron necesaria esta medida.

Considera que la medida tomada por Alaya es "desproporcionada" y señala es "inexplicable" que la fianza se imponga cuando ya han transcurrido seis meses desde que prestó declaración.

La exministra insiste en que su situación procesal "no ha cambiado" y asegura que no se han aportado pruebas que demuestren que está involucrada en el caso, por lo que anuncia su intención de recurrir la fianza. "Seguiré trabajando para defender mi inocencia y colaborando con la Justicia".

Alaya, ha impuesto una fianza civil de 29.568.129 euros a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez como una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró más de una década. En un auto, la jueza calcula esa cifra 'grosso modo' teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003 y puesto que Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta de Andalucía hasta febrero de 2004.

Alaya la considera artífice, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones" que se prolongó entre 2000 y 2011.

También establece la magistrada una fianza de 22.176.096 euros para el que fue viceconsejero de Hacienda mientras Álvarez estuvo al frente de ese departamento, José Salgueiro, y otra de 8.870.438 euros para el que fue secretario general técnico de la Consejería en el mismo periodo, Antonio Estepa Giménez.

El auto señala que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, y que las fianzas se han calculado siguiendo el principio de proporcionalidad en su triple vertiente de "gravedad, necesariedad e idoneidad".