El PSC, ICV-EUiA y CUP han exigido este miércoles al Govern que reoriente sus políticas dirigidas a combatir la desigualdad y la pobreza. Lo han pedido durante el debate específico sobre pobreza y desigualdad que se celebra en el Parlament y que ha empezado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del 11-M. La oposición espera sacar un acuerdo que permita cubrir las necesidades básicas de todos los catalanes, con prioridad en alimentación, renta mínima y vivienda.

Los tres grupos forzaron la celebración de este pleno específico al pedir a la Cámara catalana su celebración, por lo que han sido los encargados de abrir el debate antes de la intervención el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y hasta seis consejeros del Govern. Pese a que no se ha dejado participar a las entidades, los representantes de algunas de ellas han asistido como invitados al debate, como la presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Àngels Guiteras, y la presidenta de Càritas de Catalunya, Carme Borbonès.

La diputada del PSC Eva Granados ha alertado de que los catalanes "no podrán ser libres mientras no puedan alimentar a sus hijos", y ha censurado que no se haya dejado participar a las entidades sociales. También ha criticado al Govern por menospreciar los datos que expertos y organismos aportan sobre el aumento de la pobreza, ha pedido "superar el debate de los datos y pasar a la acción" para combatir las desigualdades.

Asimismo, ha reclamado al Ejecutivo catalán que no sea "negacionista" y que demuestre voluntad política para redirigir la situación, porque, según ha dicho, la lucha contra la pobreza debe ser la prioridad nacional. "Ninguno de nosotros tiene estos problemas pero es nuestra responsabilidad darles respuesta", ha manifestado Granados, que ha asegurado que el aumento de la pobreza está frustrando el futuro de miles de catalanes.

Granados ha puesto de manifiesto dos tipos de pobreza en Cataluña: la cronificada y la que sufren los "nuevos pobres", y ha hecho hincapié en la infancia, colectivo afectado en un 30% por la pobreza, y ha alertado de niños que no tienen una alimentación adecuada, ni una atención social digna.

El líder de ICV-EUiA en el Parlament, Joan Herrera, ha acusado al Govern de no querer la comparecencia de las entidades para que no les "sacasen los colores" en el pleno, y ha centrado su intervención en recordar las principales conclusiones de la jornada que celebraron este lunes.

Así, ha subrayado que la pobreza es "más intensa, extensa y severa" ahora que hace unos años y que la desigualdad crece constantemente, y, citando a la presidenta del Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares de la Generalitat y de las Entitats Catalanes d'Acció Social (Ecas), Teresa Crespo, ha pedido que no se acepte como irreversible la existencia de pobreza estructural.

Herrera ha advertido al Govern y los diputados de que las entidades reclamaron a los partidos que alcanzasen un pacto contra la pobreza, pero no uno inconcreto sino uno con contenido detallado. "No un pacto diciendo que quieren el pacto sin un euro más. Eso no es tender la mano sino cerrarla", ha advertido el dirigente ecosocialista, en alusión a las palabras del consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, este martes, en las que advertía de que no era posible incrementar el gasto.

El líder de la CUP, David Fernández, ha asegurado que la pobreza "es consecuencia de las políticas" que está llevando a cabo el Govern, a quien ha acusado de orientar sus acciones a favorecer a quienes tienen más recursos, en detrimento de los más vulnerables. Según ha dicho, la pobreza es la "violencia estructural del sistema", y ha puesto el foco en las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes y los asalariados con dificultades económicas.

"Estamos en un escenario de caída libre, lejos de la recuperación", ha alertado, y ha afirmado que la pobreza en Cataluña es cada vez más intensa, extensa y severa, lo que agranda las diferencias entre ricos y pobres. Para combatir este fenómeno, Fernández ha pedido "nuevas respuestas que no se basen en la caridad", como una renta garantizada para todos los catalanes, discriminalizar la pobreza y priorizar la atención de las persones más vulnerables desde la proximidad.

El diputado de la CUP ha dicho que, si de este debate no surgen nuevas propuestas, "habrá que organizar un pleno monográfico sobre la extrema riqueza y la especulación financiera", porque es lo que más le interesa al Govern, según ha dicho.

El presidente de la Generalitat ha tachado de "superescandaloso" que el riesgo de pobreza durante el tripartito se situara, en los años 2006-2007, en un 19% en pleno crecimiento económico, por lo que ha apelado a afrontar el debate con honestidad política e intelectual para entender que no se trata de una situación nueva.

"Ahora la situación es escandalosa en plena recesión, y tenemos una tasa del 19%, pero si antes también era así la situación era superescandalosa", ha sentenciado en su intervención en el pleno de la pobreza. En su opinión, si en los años de expansión económica la tasas de pobreza eran del 19%, significa que debe hacerse un debate sobre la base estructural de la pobreza.

Por otro lado, ha achacado a la falta de autogobierno las dificultades de la Generalitat para frenar la pobreza, ya que faltan "instrumentos capitales" para algunas políticas sociales. En esta línea, ha afirmado que para hacer "política social en mayúsculas" son necesarias cuatro cosas, de las que, a su juicio, Cataluña dispone de tres: generar recursos suficientes; compromiso del tejido asociativo, y un fuerte capital político de cohesión social.

Sin embargo, lamenta que a Cataluña le falta un cuarto pilar: no puede recaudar todos los impuestos ni fijar los límites de déficit, unos topes que considera que el Gobierno central ha repartido injustamente. Para él, si el Ejecutivo de Mariano Rajoy hubiese repartido el déficit de forma "justa" —el Govern reclamaba un tercio para las autonomías—, Cataluña tendría 2.000 millones de euros más que podría dedicar a políticas sociales.

"El objetivo es que estas políticas se decidan en este Parlament y no en uno a 600 kilómetros de distancia", había advertido antes Mas, que ha asegurado que en muchos casos la Generalitat está supliendo con sus recursos la desinversión del Estado. Ha puesto como ejemplo el descenso de la aportación del Gobierno central a la financiación del transporte metropolitano, asi como la aplicación de la ley de Dependencia, de la que la Generalitat paga 90 céntimos por cada euro, según sus cifras.