Y es que la Junta ya ha dicho que garantizará el derecho de Inmaculada a no usar el respirador. Lo ha hecho tras conocer los dictámenes favorables del Comité Autonómico de Ética y del Consejo Consultivo de Andalucía.
Éste último, hecho público ayer, mantiene que la desconexión es un caso de eutanasia pasiva indirecta que no puede ser considerado como delito para los médicos que la lleven a cabo.
No obstante, la decisión del Consultivo contó con un voto en contra, el de José Antonio Sánchez Galiana. Este experto en Derecho Financiero y Tributario explica en su voto personal que «no existe ninguna regulación constitucional que reconozca el derecho a la muerte».
La decisión del hospital
Pero el centro en el que está ingresada Inmaculada, el Hospital San Rafael (religioso) puede negarse a retirarle el respirador, alegando objeción de conciencia. Su personal y los responsables del Hospital Clínico se reúnen esta mañana para acordar en qué centro médico se efectuará la desconexión.
La decisión de la Junta ha abierto un debate social en el que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido «serenidad». El Consejo Andaluz de Colegios Médicos ha apelado a la «conciencia, ética y moral» de los facultativos que siempre han trabajado para la conservación de la vida. La Iglesia, en la voz del cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, se ha declarado «abiertamente en contra de cualquier tipo de pena de muerte, sea por ley o autoadministrada».
No eutanasia, sí testamento vital
La eutanasia no está regulada en nuestra ley, que sí ha establecido la posibilidad de que los pacientes expresen su rechazo a terapias que alarguen su vida. Son las voluntades anticipadas o testamentos vitales. El Código Penal tipifica como delito la cooperación activa en la muerte, siempre a petición del enfermo, de quienes sufran dolencias irreversibles: es la eutanasia activa, que sí queda fuera de la ley. La pasiva, en la que se eliminan los medios para prolongar la vida de un paciente irrecuperable, encuentra acomodo en estos testamentos vitales.
Cronología
Octubre de 2006: El día 18, Inmaculada expresa su deseo de morir en una concurrida rueda de prensa en el Hospital San Rafael de Granada.
Noviembre de 2006: Su petición para que le retiren el respirador se formaliza el día 20 de este mes ante Salud.
2 de febrero de 2007: El Comité Autonómico de Ética le da la razón. Considera que su caso se encuadra en una limitación del esfuerzo terapéutico. El Hospital aplaza su decisión hasta saber el dictamen del Consejo Consultivo.
27 de febrero de 2007: El Consejo Consultivo avala la petición de Inmaculada. La Consejería de Salud anunció ayer que cumplirá su voluntad.
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