Veinticinco años después del "Caracazo", la revuelta popular contra una subida de precios y tarifas que se inició el 27 de febrero de 1989, fue sofocada a tiros por policías y militares, y acabó con cientos de muertos, Venezuela está sumida en una profunda polarización y vive desde hace dos semanas una nueva oleada de protestas en la que han fallecido ya al menos 18 personas (según el balance oficial; otras fuentes sitúan la cifra en 16) y unas 150 han resultado heridas.

El origen de la fractura, alimentada por la enconada división entre chavistas (en el Gobierno) y antichavistas, se encuentra en una grave crisis social reflejada en la inseguridad, la escasez de productos básicos, una inflación galopante y cortes constantes de electricidad. Los últimos detonantes han sido una gran escalada de la delincuencia y la llamada Ley de Precios Justos, aprobada finalmente por el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro el pasado 24 de enero, y que prohíbe márgenes de ganancias superiores al 30%, con penas de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores.

Las protestas actuales estallaron el 12 de febrero, con grandes concentraciones en las principales ciudades del país y violentos enfrentamientos en Caracas que se saldaron con tres muertos y decenas de heridos y detenidos. Tres días después, Maduro responsabilizó de los hechos al dirigente opositor Leopoldo López, del partido Voluntad Popular, y acusó también de instigador al expresidente colombiano Álvaro Uribe.

La situación se volvió más tensa aún cuando, el 16 de febrero, el Gobierno confirmó una orden de captura contra Leopoldo López bajo la acusación, entre otros cargos, de homicidio y terrorismo. Maduro afirmó además que Estados Unidos está detrás de las protestas y expulsó a tres diplomáticos del país norteamericano, un gesto que fue respondido posteriormente por Washington expulsando a su vez a tres diplomáticos venezolanos.

El día 18, López se entregó a las autoridades en medio de una multitudinaria manifestación en Caracas, y al día siguiente subió a seis la cifra de muertos. El dirigente opositor permanece detenido en la penitenciaría militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital.

El Gobierno califica las protestas de ataque "nazi-fascista", mientras se van multiplicando denuncias por torturas, agresiones y detenciones ilegales de manifestantes.

Estas son cinco claves para entender qué está pasando y por qué:

El 8 de marzo de 2013, tres días después del fallecimiento de Hugo Chávez, Maduro, designado por el propio comandante como su sucesor, juró como presidente encargado de Venezuela, y el 14 de abril ganó las elecciones al imponerse por un estrecho margen al candidato opositor, Henrique Capriles. Capriles impugnó los comicios, pero la Justicia venezolana acabó ratificando el resultado.

En noviembre, el Parlamento otorgó a Maduro poderes especiales para gobernar por decreto, después de que el presidente ordenase la ocupación de una red de tiendas de electrodomésticos a la que acusaba de especular. En los días siguientes se inspeccionaron, entre graves protestas y enfrentamientos, otros establecimientos para establecer "precios justos".

El pasado 8 de diciembre el chavismo ganó las elecciones municipales al sumar 5,1 millones de votos frente a 4,4 millones de la opositora Mesa de la Unidad (MUD), y el 24 de enero entró en vigor la mencionada Ley de Precios Justos.

Desde que está en el poder, con una retórica populista, excéntrica y mística que a menudo ridiculizan sus detractores, y entre constantes denuncias de autoritarismo y hostigamiento a la oposición, Maduro ha bajado precios por decreto, ha intentado combatir la inflación por la vía militar, ha detenido a "empresarios burgueses", ha prometido televisores de plasma para el pueblo, y ha aprobado continuas subidas del salario mínimo. Todo ello, sin mucho éxito de momento.

El presidente venezolano heredó de Chávez un gran lastre en materia económica, pero también casi 15 años de programas de gasto público destinados a impulsar políticas sociales, que beneficiaron a segmentos vulnerables de la población, y le aseguran un importante apoyo popular.

A principios de febrero, la oposición anunció asambleas populares y protestas callejeras en todo el país durante un mes, para exigir a Maduro una salida de la crisis social y económica. Seguidores del opositor Leopoldo López inundaron las redes sociales y una parte de la oposición abrazó la iniciativa, que culminó el 12 de febrero, Día de la Juventud, con una marcha masiva. La protesta se definió como #LaSalida, una de las etiquetas más utilizadas en Internet por los antichavistas.

Pese al apoyo político de parte de la oposición, los auténticos protagonistas de la protesta fueron los estudiantes, que salieron a la calle para exigir un cambio y un país libre de delincuencia. Lo hicieron sin una estrategia concreta ni líderes designados, pero demostrando una gran capacidad de movilización.

Cuando la mayoría de los manifestantes ya habían abandonado lo que hasta entonces era una movilización pacífica, individuos en motocicletas abrieron fuego contra el resto de la muchedumbre. Murieron dos estudiantes activistas y un simpatizante del Gobierno, y hubo decenas de heridos. El diario Últimas Noticias publicó que los autores de los disparos formaban parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuyo director fue destituido por Maduro.

"No abandonaremos la calle. Nosotros no tenemos un solo líder, ni tenemos intereses políticos. Estamos hartos de que nos roben hasta dentro de las aulas de clase, que no haya alimentos en los supermercados. Hemos crecido en un país dividido, con un discurso violento. Queremos que el Gobierno haga su trabajo", afirmó tras las primeras protestas un estudiante de la Universidad de Carabobo en la ciudad de Valencia.

El Gobierno (de momento, sin fisuras) denuncia que la situación es, en el fondo, un intento de golpe de Estado. El país está semimilitarizado y se ha creado el denominado Comando Nacional Antigolpe, con el objetivo de "revisar y contrarrestar los planes golpistas y fascistas que gestan aquellos sectores de la derecha financiados por Estados Unidos", en palabras de Maduro: "Alerta en cada fábrica, en cada centro de trabajo, en cada barrio, en cada universidad. Vamos a derrotar el golpe fascista con el pueblo movilizado y organizado".

Venezuela se enfrenta a dos problemas fundamentales: la delincuencia, con una de las tasas de homicidios más altas del mundo y una preocupante impunidad, y una grave crisis económica, con el mayor nivel de inflación de toda la región (llegó hasta el 56,2% en 2013).

La criminalidad con la que conviven a diario muchos ciudadanos registró a principios de enero un episodio que pudo suponer la gota que colmó el vaso, al ser asesinados durante un atraco la popular artista, modelo y Miss Venezuela 2004 Mónica Spear, y su marido. El asesinato de Spear llevó la violencia en Venezuela a las portadas de los medios internacionales.

Mientras, la difícil situación económica, fruto, según la oposición, de la política del Gobierno, y según el Gobierno, de un acoso impulsado por "enemigos de la Revolución Bolivariana", se refleja en una gran escasez (en las tiendas faltan productos básicos como leche, azúcar, medicamentos o incluso papel higiénico) y en continuos cortes de energía eléctrica en todo el país.

Por otra parte, en Venezuela funciona desde hace más de 10 años un mecanismo de control de divisas que deja en manos del Estado la gestión del mercado cambiario. Desde el año pasado, el Gobierno ha venido imponiendo un nuevo sistema de control, más férreo, a las monedas extranjeras, en un intento de frenar la fuga de capitales y mantener los precios de la cesta de la compra básica. Así, actualmente, el dólar oficial se cambia a unos 6,3 bolívares, pero en el mercado negro (el valor real con el que los ciudadanos calculan el coste de la vida) vale diez veces más. El pasado 24 de febrero, el Ejecutivo decretó una flexibilización del sistema para permitir que empresas y particulares participen en la compra y venta de divisas a través de un nueva plataforma de cambio de dólares, que se espera alivie la falta de moneda extranjera que ha provocado escasez e inflación.

En cualquier caso, las medidas impulsadas por Maduro, encaminadas a aumentar el control estatal de la economía, y entre las que destacan la imposición de límites sobre los beneficios de las ventas y precios fijos para el consumidor, no han dado, de momento, resultado.

La oposición política venezolana ha evolucionado hacia dos vertientes, una más moderada, integrada de algún modo en el sistema y representada por Henrique Capriles, y otra más radical cuyo máximo representante es ahora el encarcelado líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.

Capriles, principal figura opositora hasta ahora, se ha distanciado de las propuestas de Leopoldo López, y ha criticado los llamamientos a que Maduro abandone anticipadamente el poder. El excandidato presidencial apuesta por un "camino más largo" que evite situaciones de violencia: "Esta lucha es una resistencia, pero esta resistencia no crece si nos planteamos salidas que no nos llevan a nada", ha afirmado. Su postura le está costando una caída en los índices de popularidad, y los analistas indican que parte de su apoyo se está trasvasando a Leopoldo López.

La trayectoria de López, entre tanto, había estado hasta ahora oscurecida por el propio Capriles. En 2008, cuando era alcalde del municipio Chacao de Caracas, López fue inhabilitado políticamente en un polémico proceso promovido por la Contraloría General. Ello le impidió presentarse a las elecciones para la alcaldía de Caracas, unos comicios en los que las encuestas le daban como favorito. López cedió entonces protagonismo a Capriles, su compañero de partido, y su carrera política perdió fuerza, hasta ahora, cuyo activo papel en las recientes protestas y un discurso más radicalizado le han situado como el opositor venezolano más reconocido internacionalmente.

Con respecto a los efectos de su detención, para sus seguidores Leopoldo López se ha convertido en una figura heróica, un precio que el Gobierno parece estar dispuesto a pagar, a cambio de haber "desactivado" (o intentado desactivar) su discurso político y su capacidad de convocatoria. Aún no ha sido acusado formalmente, pero los cargos podrían incluir delitos de instigación pública, daños a la propiedad, autoría intelectual como determinador de homicidio intencional y asociación para delinquir.

Por último, están los grupos más extremistas, de cuyas estrategias violentas, según denuncia el Gobierno, se estaría valiendo una parte de la oposición con el objetivo de "desestabilizar el país". Entre estas estrategias destacan las llamadas "guarimbas", barricadas callejeras en las que se queman neumáticos y se tienden alambres con púas para colapsar el tráfico.

Los enfrentamientos entre el Gobierno de Maduro y los de Estados Unidos y Colombia han sido una constante desde que el presidente venezolano asumió el cargo. El pasado mes de mayo, tras las protestas que acompañaron su investidura, Maduro acusó a EE UU de haber "planeado" los actos violentos, y denunció que Colombia estaba "conspirando" para derrocarle, llegando a afirmar que fue a este país a donde llegaron, desde EE UU, "unos expertos con un veneno para matarle".

La relación con Colombia mejoró en julio, con un intento de limar asperezas, aunque Maduro sigue teniendo al expredidente colombiano Álvaro Uribe en su punto de mira. Con EE UU, sin embargo, la tensión no ha hecho más que aumentar. El Gobierno venezolano, que ofreció asilo al extécnico de la CIA Edward Snowden, denunció en septiembre que Washington había negado permiso de sobrevuelo al avión de Maduro, y el día 30 de ese mismo mes anunció la expulsión de tres funcionarios estadounidenses. Otros tres diplomáticos de EE UU acaban de ser expulsados, tras afirmar el presidente venezolano que Washington está detrás de las últimas protestas (Obama ha calificado de "inaceptable" la situación en Venezuela, y ha exigido la liberación de los manifestantes opositores detenidos). Como respuesta, EE UU ha expulsado a su vez a tres funcionarios venezolanos.

El resto de la comunidad internacional está tan dividida como la propia Venezuela. Maduro cuenta con el apoyo de los países que ya respaldaban a Chávez, como Bolivia, y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que ha expresado su "firme rechazo al intento de desestabilizar el orden democrático constituido legítimamente por el voto popular".

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos ha expresado su preocupación por la escalada de violencia en Venezuela y ha pedido una investigación "inmediata, exhaustiva e imparcial". Y la ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido asimismo al Gobierno venezolano que lleve a cabo "sin demora" una investigación "imparcial".