La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha considerado este jueves que la utilización por parte de la Guardia Civil de pelotas o balas de goma contra inmigrantes en Ceuta no fue "prudente", aunque se hizo utilizando los procedimientos autorizados.

"La prudencia hubiera aconsejado la no utilización de esos medios", ha insistido Becerril en rueda de prensa tras presentar en el Congreso la memoria anual de la institución correspondiente a 2013.

La defensora ha pedido un protocolo de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "que indicara que pueden hacer" ante la entrada por la frontera de inmigrantes en situación irregular y ha solicitado también el apoyo, no solo económico, de la Unión Europea en este asunto.

Becerril ha explicado que a última hora de este miércoles recibió un informe sobre la actuación de la Guardia Civil, del que se deduce que actuaron de acuerdo a la legalidad, y ha señalado que "no puede ir más allá" sobre la muerte de los quince inmigrantes, unos hechos que están siendo investigados por los juzgados de Ceuta.

La Defensora del Pueblo ha considerado "oportuno" revisar la Ley de Extranjería después de una década en vigor en la que las circunstancias han cambiado y ha mostrado su deseo de que la reforma se haga con un "amplio" consenso parlamentario "para que pudiera perdurar durante un tiempo".

Preguntada sobre la posibilidad de que la nueva ley ampare las denominadas "devoluciones en caliente", una práctica que se sigue habitualmente para retornar de forma inmediata a Marruecos a los inmigrantes cuando llegan a España, ha dicho que no puede intuir ni opinar sobre intenciones. No obstante, se ha mostrado a favor de "dar instrucciones a las Fuerzas de Seguridad para saber cuáles son los límites de su actuación".

A juicio de Becerril, transcurrido el plazo de la autorización de una instalación o chiringuito, el dominio público marítimo terrestre afectado deberá quedar restablecido a su estado anterior, a cargo del ocupante. El incumplimiento de esta cláusula deberá inhabilitar al responsable para poder obtener una nueva autorización.

Los suicidios, según el informe de la Defensora, aumentaron tanto en valores absolutos como en tasa anual, sumando 25 frente a los 15 de 2011 y los 23 de 2010, de manera que se rompe la tendencia descendente de los años anteriores. Son la tercera causa de muerte en prisión por detrás de los fallecimientos naturales y las sobredosis. En 2012 se contabilizaron 23 suicidios consumados y dos en instalaciones hospitalarias, una cifra idéntica a la de 2010 pero con la particularidad de que la población reclusa ha disminuido, según dice esta institución.

Advierte de que la investigación de casos de corrupción económica conlleva en muchas ocasiones el envío de exhortos y comisiones rogatorias a países extranjeros que dilatan considerablemente la tramitación de las diligencias y cita un caso de investigación de una estafa piramidal con más de ocho mil afectados iniciada en 2009 continuaba casi cinco años después en fase de instrucción. A juicio del Defensor del Pueblo la lucha para evitar estos comportamientos delictivos "que socavan los cimientos del Estado de derecho y resquebrajan la confianza de los ciudadanos en las instituciones" debe ser intensa, urgente y de carácter estructural.

Becerril recuerda que la violencia contra las mujeres, además, constituye una grave vulneración de sus derechos fundamentales "en la vida, a la libertad, a la igualdad, que cuestiona su dignidad y seguridad". A la vista del problema que empieza a aflorar en relación a los menores, la Defensora ha iniciado actuaciones de oficio con el secretario de Estado de Justicia, al que se han planteado varias cuestiones, entre ellas, la necesidad de que todas los partidos judiciales dispongan de juzgados de violencia sobre la mujer. Asimismo, se considera "imprescindible" la implantación de unidades de valoración integral de violencia de género en los juzgados.

Becerril explica que la institución ha constatado que las denuncias de los clientes contra las entidades financieras, aun cuando queda acreditada la mala práctica bancaria, "no constituye la base para incoar ningún expediente sancionador a entidad financiera alguna, por graves que sean las consecuencias". Por eso, la conclusión de la Defensora del Pueblo es que, con el modelo actual, el servicio de reclamaciones del Banco de España "no consigue ejercer la protección que pretende ante los clientes", ya que no evita que los ciudadanos tengan que acudir a un procedimiento judicial o arbitral para ver satisfecho su derecho, o desistir, dado el coste que supondría.

La Defensora ha insistido en pedir una "segunda oportunidad" para los ciudadanos que debido a la crisis no pueden afrontar el pago de sus deudas, también explica que pese a la aprobación de la suspensión del lanzamiento durante dos años no se han paralizado los intereses de demora en ese período. Igualmente, ha considerado que es una necesidad social seguir buscando soluciones amplias que tengan en cuenta otras circunstancias "perniciosas", que eviten la exclusión social de los afectados. También ha criticado que no se haya evitado que sobre el desahuciado pueda seguir pesando una deuda de por vida con su acreedor, aunque se establezca una quita

Según Becerril, la actuación policial en las manifestaciones ha dado lugar a numerosas quejas sobre el uso excesivo de la fuerza por las Unidades de Intervención Policial (UIP) y la utilización de material antidisturbios contra los manifestantes. Ante esas quejas, la Defensora sugirió a Interior que elaborase ese protocolo de actuación de las UIP en las grandes concentraciones de personas en lugares de tránsito público, "regulando de forma clara y precisa la manera y las circunstancias en las cuales dichas unidades pueden hacer uso de la fuerza, de las armas reglamentarias y del material antidisturbios".