Garzón denuncia en el juzgado la desaparición del 'padre del Guerrillero' y pide hallar y analizar sus restos

La hija de Teófilo Alcorisa, más conocido como 'el padre del Guerrillero', ha presentado este miércoles ante el juzgado de guardia de Valencia una denuncia por la desaparición de su padre y en la que se solicita la localización e identificación de sus restos, para poder enterrarlo "como se merece" junto a su mujer. El escrito, elaborado por el despacho de abogados del magistrado Baltasar Garzón, ILOCAD, se suma al recurso administrativo interpuesto en su día contra la decisión del Ayuntamiento de no autorizar la exhumación.
Pilar Alcorisa junto a su marido
Pilar Alcorisa junto a su marido
PICASA/ GPRMH
Pilar Alcorisa junto a su marido

La hija de Teófilo Alcorisa, más conocido como 'el padre del Guerrillero', ha presentado este miércoles ante el juzgado de guardia de Valencia una denuncia por la desaparición de su padre y en la que se solicita la localización e identificación de sus restos, para poder enterrarlo "como se merece" junto a su mujer. El escrito, elaborado por el despacho de abogados del magistrado Baltasar Garzón, ILOCAD, se suma al recurso administrativo interpuesto en su día contra la decisión del Ayuntamiento de no autorizar la exhumación.

Así lo ha explicado Pilar, la hija de Teófilo, en declaraciones a Europa Press, tras acudir junto a su marido a la Ciudad de la Justicia, acompañada por el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH), Matías Alonso, para hacer efectiva la presentación de la denuncia ante el juzgado.

Según el libro de registro del Cementerio General de Valencia, el cuerpo de Teófilo Alcorisa se encuentra en una fosa común desde 1947, fecha en la que desapareció tras ser detenido por la Guardia Civil. A estos efectos, el Grupo Paleolab ha elaborado un proyecto de exhumación. No obstante, la alcaldesa Rita Barberá declaró recientemente que ésta solo se llevará a cabo "si un juez lo dice".

Las declaraciones de la primera edil han motivado que Garzón, —que ayuda en el caso de forma voluntaria a los hermanos Alcorisa—, haya decidido presentar esta denuncia, de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Supremo en un auto de 28 de marzo de 2009.

En esta resolución se afirma que "en presencia de indicios objetivables de la existencia de restos de posibles víctimas de delitos susceptibles de localización (...) pueda instarse del Juez de Instrucción competente según el artículo 14,2 Lecrim, la práctica de las diligencias dirigidas a datar aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a la identificación de los afectados, para proceder luego, consecuentemente, en derecho", han explicado desde el despacho en un comunicado.

Esta denuncia se suma al recurso administrativo ya interpuesto en el mismo ayuntamiento el pasado mes de enero, contra la decisión del consistorio de no autorizar la exhumación de los restos de Teófilo Alcorisa. Sus hijos la habían solicitado en 2009 y "aunque lo normal", según ha explicado Matías Alonso, es que se les contestara en el plazo de un mes, no fue hasta diciembre de 2013 cuando recibieron una respuesta negativa. Un mes después, Garzón presentó el recurso administrativo que también está pendiente de respuesta.

"Nos sentimos fatal porque estamos peleando desde 1947, primero sin saber dónde estaba y ahora que sí lo sabemos se nos van cerrando puertas, una tras otras, y no hay manera de exhumarlo", ha lamentado Pilar Alcorisa.

"Rita (Barberá) dice que no hará nada mientras no lo dicte un juez, por lo visto la Ley de la Memoria Histórica no tiene validez" para ella, ha apuntado la hija de Teófilo, que esperan que ahora "haga caso". En cualquier caso, ha advertido: "continuaremos hasta poder enterrar a mi padre como se merece, junto a mi madre en el Cementerio de Burjassot".

Desde el GPRMH, Matías Alonso ha confiado en que en el consistorio "recapaciten y acaben por dar satisfacción a la justa demanda que le plantearon los hijos de una víctima del odio y del rencor".

El caso, ha recordado, ya fue denunciado ante el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU, que transmitió al Gobierno en diciembre de 2013 "su deseo de que se llevaran a cabo las oportunas investigaciones para poder esclarecer el destino y paradero de la persona desaparecida y proteger sus derechos", pero "hasta hoy la actuación de la Administración Pública se ha limitado a dilatar el procedimiento y denegar la exhumación".

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