Asturias, año 2006. Tras más de tres años de diseño, planificación y ejecución del proyecto, las autoridades locales, autonómicas y estatales celebraban la culminación de los túneles del llamado metrotrén, una red ferroviaria de más de 280 millones de euros que uniría los campus universitarios de Oviedo y Gijón. Hoy, los túneles aún permanecen vacíos (su mantenimiento anual cuesta más de 100.000 euros), sin ninguna actividad, después de que el Ministerio de Fomento haya suprimido durante los últimos tres años cualquier inversión nueva en esta obra.

El del metrotrén asturiano es solo un ejemplo de los cientos de infraestructuras y proyectos paralizados en España por culpa de la crisis. Hay muchos más, como la segunda línea de metro en Valencia (sin inversión hasta mediados de 2015), la Ciudad de la Cultura gallega (dos de los seis edificios proyectados están pendientes) y el Palacio de Congresos de Palma (con coste de mantenimiento de 580.000 euros al mes) entre otros.

La inversión pública agoniza en España. Después de acumular un crecimiento medio anual por encima del 3,6% entre los años 2002 y 2007, según datos de la OCDE, los últimos tres años de recortes han supuesto un desplome acumulado del gasto de las administraciones de más del 90% para estos apartados, según estimaciones de académicos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), a partir de datos de la Intervención General del Estado (IGAE). Una caída tan acentuada que la depreciación de los activos ya supera la inversión bruta en ciertos sectores. Es decir, que el país se está descapitalizando, algo que no ocurre por lo menos desde 1964 (primeros datos de la serie histórica).

Este desplome del esfuerzo inversor por parte de las administraciones se visualiza, por ejemplo, en la reducción de la obra pública, con infraestructuras deterioradas por el paso del tiempo y con proyectos inacabados. Y es que las licitaciones de infraestructuras a cargo de las administraciones, que en 2006 superaban los 46.000 millones de euros, alcanzaron apenas los 8.000 millones de euros en los tres primeros trimestres de 2013, según datos de la patronal constructora Seopan.

Pero el alcance es mucho mayor, y afecta también a la capacidad investigadora de un país, que en el último año ha visto mermar su inversión pública en ciencia en un 7,22%. Muestra de ello es la situación vivida entre 2012 y 2013 por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la primera institución investigadora del país, que se enfrentó a un peligro de cierre por falta de dotación presupuestaria. También el Centro de Investigación Príncipe Felipe, de Valencia, sufrió un ERE en 2012 que obligó a despedir a 114 científicos.

La de la inversión pública (conocida en economía como "formación bruta de capital fijo") en España es una evolución más propia de una montaña rusa que de una partida clave en el presupuesto de cualquier administración. Si, tal como indican los autores del informe Inversión y stock de capital en España (publicado por la Fundación BBVA) en los primeros dos años de la crisis se mantuvo la inversión pública "por la inercia derivada de los proyectos de infraestructuras ya en marcha y la instrumentación de políticas fiscales expansivas y discrecionales", la imposibilidad de mantener estas medidas en el tiempo —por los compromisos de recorte del déficit público— acabó por imponer un cambio radical en las políticas de gasto del Gobierno.

"La formación bruta de capital fijo [FBCF] por parte de los gobiernos ha sido la mayor víctima de la consolidación fiscal en la UE". Esta sentencia de los analistas del think tank (laboratorio de análisis, investigación y pensamiento) europeo Bruegel —uno de los más influyentes de Europa— deja claro qué es lo que ha ocurrido entre los países de la periferia europea desde que estalló la crisis del euro. España, con el viraje de su política hacia los recortes y la disciplina fiscal, pasó en 2010 de mantener un sostenido crecimiento de la inversión (con medidas como el Plan E, por ejemplo) a reducir drásticamente estas partidas.

A partir de 2010 se dio un vuelco: "La caída fue del 13% en 2010, del 36% en 2011 y del 48% en 2012, que, acumulados, representan una reducción de la FBCF pública superior al 90%", señala Eva Benages, economista e investigadora del Ivie. Por si fuera poco, tal como añade, las administraciones públicas volvieron a recortar también en 2013. "La inversión pública acumulada hasta el tercer trimestre de 2013 [últimos datos disponibles de la IGAE] en términos corrientes ya es un 9,7% menor que la de 2012 en ese mismo periodo", indica.

En el caso de la inversión del sector público estatal, la cuantía manejada por el Gobierno ha pasado de los más de 46.700 millones de euros empleados en 2009 a los poco más de 12.000 millones presupuestados en el proyecto de Presupuestos Generales para 2014. En otras administraciones, como las comunidades autónomas, los recortes han sido aún mayores.

La tendencia se mantiene, y se prevé que la inversión pública del Estado descienda otro 7,2% en 2014, según se indica en los Presupuestos Generales. Más abultado es el deterioro de las inversiones reales en opinión de la patronal constructora Seopan, que en un informe sobre los PGE de 2014 cifra en recorte en un 17%. Los recortes han sido tan grandes que tan solo Grecia y Portugal presentan unas caídas mayores en la capacidad inversora de sus gobiernos, tal como señala el informe En la salud y en la enfermedad: protegiendo y apoyando la inversión pública en Europa, publicado por Bruegel. En el caso de España, además, se añade que, mientras en décadas pasadas recibió miles de millones en inversión comunitaria, desde 2012 ha pasado a ser un contribuyente neto en los fondos europeos.

En una economía desarrollada, una "parte sustancial" de la inversión bruta va dirigida a compensar la depreciación de activos. Es, por ejemplo, el desgaste que cada año sufre una autopista (baches, pintura, señalización...). El retroceso de la FBCE en España ha sido tan fuerte que solo la depreciación ya supone el 147% de la inversión pública. Es decir, que ésta debería incrementarse al menos un 47% solo para mantener el actual stock de capital, ya que el capital público "ha empezado a reducirse de una forma intensa", advierte Benages, quien añade: "Esta situación no se había dado nunca, ni por aproximación, durante el periodo para el que se dispone de información".

Pero, ¿por qué reducir precisamente la inversión pública? "Cuando hay que hacer un recorte de gasto repentino, las partidas de inversión son menos dolorosas que los llamados gastos corrientes. Por ejemplo, la obra de una carretera nueva se puede aplazar uno o dos años, pero es mucho más impopular recortar salarios de funcionarios", explica Josep Comajuncosa, profesor de Economía en la escuela de negocios Esade.

Reducir la inversión pública tiene unos efectos directos a medio y largo plazo en el potencial de crecimiento de una economía. Sobre todo si el recorte en la inversión también afecta a la investigación. "Estos recortes dejan en una mala situación a la economía española, y le resta productividad. Así que habría que convencer a los socios europeos de que es mejor para todos relajar aún más las exigencias de reducción del déficit para poder aumentar el gasto en estas partidas. Pero esto solo se puede hacer si lo entiende Europa", advierte el profesor Comajuncosa.

En el plazo más corto, los recortes en inversión sirven para reducir el gasto y por lo tanto cumplir con los objetivos de déficit, pero también suponen un alto coste en cuanto a destrucción de empleo. A falta de un análisis completo, los datos de los efectos de los tijeretazos son claros: Menos inversión pública significa, en primera instancia, más paro. El Plan E, por ejemplo, había logrado crear durante su vigencia más de 420.000 puestos de trabajo. El impacto ha sido tal que colectivos como los ingenieros, que históricamente tenían tasas cero de desempleo, sufren ahora un 10% de parados.

En el ámbito científico, por su parte, la cáida de la inversión ha significado la pérdida de unos 20.000 empleos de investigadores, según datos de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), lo que ha ocasionado una fuga de cerebros que puede generar "gravísimas consecuencias" sociales si España pierde el tren del desarrollo tecnológico.

"El deterioro acumulado es tan notable que tiene visos de poner en una situación crítica a nuestro sistema de ciencia y tecnología", advierten desde la patronal de la ciencia española, quienes alertan de recortes "dramáticos" en ciertas partidas. "Es preciso hacer una llamada a la reflexión urgente para tomar conciencia de que se está poniendo en riesgo más que probable una parte importante de nuestro sistema de innovación y, por ende, la posibilidad de que la economía y la sociedad española construyan unas bases más sólidas y sostenibles", concluyen.

Lo que más necesita España, en opinión del profesor Comajuncosa, "es crecimiento para crear empleo y aumentar la recaudación, por lo que habría que levantar la mano para incrementar el gasto en ciertas partidas estratégicas, como el I+D+i. Si no, se nos condenaría a ser un país de segunda división", señala. En esta misma línea se mueven los investigadores de Bruegel, quienes proponen una "regla de oro asimétrica". Es decir, que los requisitos de cumplimiento del déficit público excluyan medidas de inversión pública "por lo menos durante las recesiones", proponen.

"Más allá de una regla de oro apropiada, que ayudaría a prevenir un colapso en la inversión pública en los países vulnerables, el marco fiscal europeo debería usar más activamente las inversiones públicas como estabilizadores cíclicos durante las recesiones", sugieren Francesca Barbiero y Zsolt Darvas, autores del estudio. En su opinión la mejor herramienta sería un nuevo instrumento europeo estabilizador, si bien apuestan también por un mayor impulso inversor de los países comunitarios con superávit y por un Banco Europeo de Inversiones (BEI) "mucho más significativo", y con una potencia de fuego mucho mayor que los 10.000 millones de euros con los que actualmente cuenta. Medidas similares han propuesto gobiernos regionales como el de Asturias, que reclamaron a las autoridades comunitarias una elevación de las partidas de inversión pública con el fin de combatir el paro.