La juez de Instrucción número 21 de Madrid, María Teresa Abad, ha dado por concluida la investigación sobre el 'caso Coslada', también conocido como Operación Bloque en el que se ha investigado durante seis años una presunta trama de corrupción policial encabezada por el exjefe de la Policía local de este municipio madrileño, han informado fuentes jurídicas.

En el auto dictado, la magistrada procesa a Jiménez y a otros seis exagentes de la Policía local, entre ellos a los considerados cabecillas del grupo Carlos M.G.; Felipe G.L. y Fernando J.M. Asimismo, se sentarán en el banquillo de los acusados los rumanos Catalin A, Francisc G. e Ionut G., por la prostitución.

Este auto implica la conclusión de la causa. Ahora se dará traslado del mismo al fiscal y las partes para que dicten sus respectivos escritos de acusación para calificar jurídicamente los hechos. Tras ello, se señalará la fecha del juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid.

Esta causa se remonta al 8 de mayo de 2008 cuando un total de 23 policías locales de este municipio madrileño fueron detenidos. A lo largo de la instrucción, la jueza ha ido archivando la acusación respecto a la mayoría de los agentes.

El abogado de Ginés, Óscar Zein, ha adelantado a que recurrida el auto al mostrarse disconforme con las imputaciones de extorsión, cohecho, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capital y amenazas condicionales. La esposa y el hijo del exjefe policial están acusado de blanqueo de capitales.

Según la instrucción, los policías a mando de Ginés se dedicaban supuestamente a extorsionar a comerciantes y prostitutas de este municipio. Las investigaciones de la Policía contra una red rumana de prostitución que operaba en Vicálvaro abrió el camino a los agentes para destapar la trama corrupta que dirigía supuestamente el ex jefe policial y su lugarteniente, Carlos M. G.

En cuanto al resto de los agentes, la magistrada acuerda cerrar la causa respecto a 19. El Ayuntamiento de Coslada abonó recientemente a once agentes los sueldos que dejaron de percibir desde 2008 cuando se les suspendió de empleo y sueldo debido a su imputación.