Miles de niños de Aragón hijos de mujeres que son víctimas de maltrato, sin protección judicial

  • El Instituto Aragonés de la Mujer alerta de que al menos 2.000 menores de edad padecen cada año de forma directa o indirecta el maltrato que sufren sus madres.
  • Solo una treintena de menores se benefician cada año de protección judicial.
  • Un estudio dice que se necesitan más medidas enfocadas a los niños.
Un hombre gritando a una mujer.
Un hombre gritando a una mujer.
GTRES
Un hombre gritando a una mujer.

Al menos 2.000 menores hijos de mujeres maltratadas sufren directa o indirectamente cada año en Aragón la violencia que padecen sus madres, pero solo una treintena de ellos reciben las adecuadas medidas judiciales de protección.

Es la principal conclusión que se extrae del informe Menores víctimas de violencia de género en Aragón 2010-2012, que es el primer estudio de este tipo que se hace en la comunidad aragonesa.

El informe analiza las demandas de ayuda por violencia de género que recibió durante esos años el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y cruza la cifra con el número de expedientes judiciales de protección a hijos de mujeres maltratadas que se hacen en la comunidad aragonesa.

Entre 2010 y 2012, el instituto registró algo más de 9.000 denuncias de mujeres por malos tratos (unas 3.000 al año). Aunque no todas tienen hijos (los técnicos del IAM estiman que el 70% son madres de menores de edad), el número de niños con protección judicial por vivir en ambientes de violencia de género es muy inferior.

En 2012 (último dato disponible) se beneficiaron de este sistema de protección 26 menores; de 2010 a 2012, los órganos judiciales de Aragón registraron únicamente 59 expedientes que afectaron a un total de 89 niños (porque parte de las mujeres tienen varios hijos).

«Los menores que padecen violencia doméstica en sus casas llegan a justificarla y a asumir unos patrones que luego reproducen: las niñas como víctimas y los niños como maltratadores», explica la directora del IAM, Pilar Argente. El estudio concluye que «queda mucho por hacer» e insiste en la necesidad de articular más servicios de protección a la infancia.

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