La 'marea verde' comenzó en 2008. Ese año, un grupo de directoras del medio centenar de escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid fue el primero en levantarse contra los incipientes planes de recortes y privatización que la consejera de Educación, Lucía Figar, tenía la intención de aplicar.

En síntesis, Figar quería rebajar los requisitos necesarios para abrir una guardería, permitiendo que empresas privadas gestionasen el servicio y que el negocio fuese rentable. Lo consiguió, aunque no sin provocar una airada reacción en la comunidad educativa, familias incluidas.

La respuesta frente a los que se le oponían fue la orden 3885/2008, que permitía a Figar nombrar a dedo a los directores sin consultar ni al claustro de profesores ni a los padres de los alumnos.

Antes incluso de su entrada en vigor y, por tanto, sin soporte legal según los jueces, la Consejería prescindió de las directoras de las escuelas El Tomillar (Torrelodones), La Comba (San Sebastián de los Reyes), Ori-Ori (Madrid), Grimm (Rivas), El Tambor (San Fernando) y La Rampa (Coslada). Las seis fueron sustituidas sin previo aviso. Cuando se incorporaron tras el verano, su despacho lo ocupaba otra persona.

El pasado mes de enero, sin embargo, el Tribunal Supremo declaró en sentencia firme que esa orden era ilegal por violar la Ley Orgánica de Educación (LOE), vigente en 2008 y que establecía que la selección debía respetar la "participación de la comunidad educativa" para obtener los candidatos "más idóneos profesionalmente".

De esta forma, los jueces daban la razón al Ministerio de Educación, dirigido en el momento de la interposición del recurso por la socialista Mercedes Cabrera. También, a CC OO, que trató de llevar hasta el final las reivindicaciones de las seis primeras perjudicadas.

Solo dos se mantuvieron firmes y ganaron los pleitos laborales. "El juez ha establecido que los despidos se realizaron sin motivo ni comunicación, por lo que les reconoce el derecho a cobrar hasta hoy el dinero que debían haber ingresado de haberse mantenido en su puesto", explicó a 20minutos la Federación de Enseñanza del sindicato.

En realidad, la orden 3885/2008 había sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en mayo de 2009, pero la Comunidad de Madrid continuó aplicándola hasta el fallo del Supremo alegando que estaba "totalmente convencida" de su legalidad y que la decisión de los tribunales no era firme. ¿Cómo lo logró? A base de recurrir, según CC OO, aun a sabiendas de que iba a perder: "Usaron los servicios jurídicos regionales y los impuestos de los madrileños para alargar el proceso".

El pasado jueves, el portavoz autonómico, Salvador Victoria, anunció que la Comunidad va a "adecuar esos nombramientos al dictado de la Justicia". Sin embargo, eso no será necesario, porque, gracias a los recursos judiciales, Educación ha conseguido retrasar la sentencia hasta la entrada en vigor de la LOMCE, que permite de nuevo los nombramientos discrecionales.

"La obcecación de la consejera Figar con la violación de la normativa es palmaria y ha causado un daño irreparable, por lo que estamos valorando cómo se puede restituir el honor y los derechos de las directoras. Además, lo ha hecho a costa del dinero de todos y de colapsar los juzgados", concluye CC OO.

Hoy, solo una de las directoras ocupa de nuevo su puesto. Otra renunció por voluntad propia al poco de ser readmitida. Las demás ocupan lugares como educadoras en otros centros. "Llevábamos luchando desde 2007 y por fin podemos decir que teníamos razón. Se ha olvidado que fuimos las primeras en reclamar. Nadie se nos unió, pero hoy la 'marea verde' ya está consolidada y vamos todos de la mano", concluye una de las profesoras, que prefiere no ser identificada para evitar represalias.