Pedro Castro, alcalde socialista del Ayuntamiento de Getafe durante 28 años (1983-2011) y otros tres ediles socialistas (José Manuel Vázquez, portavoz del grupo municipal y exedil de Urbanismo, Cristina González, exconcejal de Obras, y David Castro, antiguo responsable de Hacienda) anunciaron este miércoles su decisión de marcharse del Consistorio, en el que actualmente gobierna el PP, debido al auto de procesamiento dictado por la juez del 'caso Aparcamientos' la semana pasada, lo que también ha provocado la renuncia de Sylvia Uyarra, concejal de IU en la localidad, otra imputada por el caso.

El pasado 7 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 7 de Getafe dictó un auto por el que incoaba el procesamiento de los concejales dimitidos por la construcción de cinco aparcamientos en el municipio. La propia juez indicaba en su auto que los imputados podrían haber incurrido en prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos.

Pedro Castro Vázquez, el que fuera alcalde de la localidad entre 1983 y 2011, es uno de los históricos del PSM. También presidió la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entre 2007 y 2011. Castro también tomó protagonismo en 2010 cuando apoyó a Trinidad Jiménez y no a Tómas Gómez de cara a las primarias para designar al candidato socialista a la Comunidad de Madrid en los comicios de 2011. Desde que perdiera las elecciones de 2011 ha continuado como edil en el Consistorio, pero sin funciones de Gobierno.

Aparte de Castro, también han sido procesados su hijo, el exconcejal de Hacienda David Castro, el exedil de Urbanismo, José Manuel Vázquez y la exconcejala de Obras, Cristina González. Todos formaron parte del equipo de Castro durante los años de Gobierno socialista de Getafe. Sylvia Uyarra, ex concejal de IU, también se ha visto implicada en el asunto.

El proceso judicial comenzó en 2009, cuando el PP local presentó una denuncia por presuntas irregularidades en esta adjudicación. La primera denunciada fue Cristina González, quien ya prestó declaración como imputada en 2011. Al año siguiente, el PP de la Comunidad de Madrid se presentó como acusación particular y amplió la denuncia a Pedro Castro y David Castro, quiénes en octubre de ese mismo año fueron llamados a declarar también como imputados.

De la supuesta adjudicación irregular en las obras de cinco parking de la ciudad en 2007. Podrían haber cometido delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude, cohecho, negociación prohibida a funcionarios, malversación y tráfico de influencias.

Cristina González es la principal sospechosa por adjudicar, durante su etapa como edil de Obras, los trabajos de uno de estos cinco aparcamientos a la cooperativa Jilguero, que era presidida por su marido, José Miguel Vieito, y de la que también formaban parte su padre (como secretario) y su madre (como tesorera).

El resto de ex cargos del anterior Gobierno socialista de Getafe fueron implicados posteriormente, al destaparse más presuntas irregularidades en el resto de plazas de garaje. Al parecer, en 2005 el Ayuntamiento contrató a la empresa Roblepark para que estudiara la viabilidad de la construcción de los aparcamientos, dando la casualidad que las cinco cooperativas que se hicieron con la adjudicación tenían el mismo domicilio social y eran todas gestionadas por Roblepark. Además, las direcciones de las cinco cooperativas, según advirtió el propio juez, estaban constituidas por personas directa o indirectamente relacionadas con el Gobierno local.

En total se adjudicaron 1.423 plazas de aparcamiento, lo que habría reportado unos beneficios de 12 millones de euros para los gestores.  El PP cree que Roblepark pudo contar con información privilegiada para obtener la máxima puntuación en la oferta económica. Por aquel entonces Uyarra presidía la mesa de contratación, cargo que abandonó en 2009, antes de que se descubriera la trama. Posteriormente trasladada de la Concejalía de Acción en Barrios a Formación y Empleo.

Los concejales socialistas presentaron esta semana un recurso contra el auto de procesamiento ante la Audiencia Provincial y lo achacaron todo a una campaña del PP. Además, aseguran que todavía no existe  ninguna acusación firme contra ellos y que aún no se ha procedido a la apertura de juicio. Igualmente, han recordado que la Fiscalía ha solicitado hasta en tres ocasiones el archivo del procedimiento al no haber visto indicios de delito.

En efecto, la Fiscalía Anticorrupción archivó el caso en abril de 2010, pero el PP volvió a llevarlo a los juzgados al entender que no se había profundizado en el asunto, y la instrucción del mismo continuó.

Por su parte, la edil de IU ha mostrado un informe policial en el que se señala que no se han constatado ingresos patrimoniales en su cuenta que no procediesen de sus ingresos lícitos. Se trata de un informe de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía), que también ha sido presentado por el resto de implicados. En este informe se dice, expresamente, que "no se detectan incrementos patrimoniales que pudieran tener un ingreso desconocido". Según dicho informe, tampoco se han encontrado "relaciones entre los funcionarios y personas del sector público imputadas".

Ahora, el Ministerio Fiscal y a las partes procesales tienen un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Todos los imputados ya han señalado que en el próximo pleno del Ayuntamiento entregarán su acta de concejal. Ese mismo día se conocerá también el nombre de sus sustitutos.

Porque con este auto la juez da por finalizada la fase instrucción del caso y da vía libre a la apertura del juicio. Aunque se podría dar el sobreseimiento, todo hace pensar que finalmente se denegará, ya que la propia magistrada ha sido quien ha continuado con el caso abierto.

Hasta ahora, Pedro Castro y el resto de sus compañeros de partido estaban imputados (es decir, la magistrada ve indicios de que se podrían haber cometido ciertos delitos). Pero, de abrirse el juicio, pasarían a ser procesados, y tras presentarse el escrito de acusación, a sentarse en el banquillo como acusados,  ya sea como autores, cómplices, cooperadores necesarios o encubridores, aunque seguirán conservando la presunción de inocencia.