El cambio de postura se produjo cuando se conmemoraban cinco años del secuestro de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que forma parte del grupo de 57 políticos, soldados y policías que el movimiento insurgente aspira a canjear por 500 rebeldes presos.
El anuncio se hizo solo dos día después de que las FARC rechazaran al Gobierno como "interlocutor válido" para hablar de un acuerdo humanitario de intercambio de rehenes, ante el escándalo de parlamentarios aliados de Uribe detenidos por nexos con paramilitares.
Esa descalificación de las FARC irritó al mandatario, quien pidió a las Fuerzas Militares "arreciar" sus acciones contra los alzados en armas.
Uribe, elegido por primera vez en 2002 y reelegido en 2006, ofreció estudiar el acuerdo humanitario, pero se opone a desmilitarizar áreas para hablar de ese acuerdo, como reclaman las FARC.
El mandatario autorizó a "buscar un contacto directo con las FARC" a Lucy Artunduaga, esposa del ex senador Jorge Eduardo Gechen Turbay, quien está cautivo desde febrero de 2002.
Este secuestro, perpetrado en un avión comercial que fue obligado a aterrizar en una carretera del Huila, en el suroeste, precipitó la ruptura de las negociaciones de paz que celebraba con las FARC desde 1999 el entonces presidente, Andrés Pastrana.
El presidente se contradice
La autorización para diálogos "sin intermediarios", como precisó un comunicado presidencial, resulta contradictoria frente a las afirmaciones hechas la víspera por el mandatario, que pidió a las fuerzas estatales combatir a los "bandidos" de las FARC.
El cambio de postura parece ser una respuesta del Gobierno al clamor de los familiares de los cautivos y a las críticas formuladas en otros países a la "falta de voluntad" para lograr el acuerdo humanitario y a los anuncios del Ejecutivo de que buscará un rescate militar.
Por otro lado, el Gobierno aseguró haber intentado contactos con las FARC por medio de un "emisario", que no ha sido identificado y de cuya existencia han dudado algunos expertos.
"Autorizamos una gestión de buena voluntad y lo que hemos recibido es una amenaza. Por lo tanto, la reacción del Gobierno es arreciar para derrotar a estos bandidos", manifestó Uribe el jueves, un día antes de autorizar la gestión directa.
Pese a las tormentosas relaciones verbales entre Uribe y los cabecillas de las FARC, el año pasado hubo contactos auspiciados por España, Francia y Suiza, que lograron algún avance, pero el mandatario los rompió abruptamente en octubre al acusar a los rebeldes de un atentado en una escuela militar de Bogotá.
"Las FARC dicen que para hablar de acuerdo humanitario hay que despejar militarmente y de manera incondicional (dos pueblos), lo que no podemos aceptar. Dicen que no están interesadas en acuerdos con este Gobierno, porque es ilegítimo y paramilitar", expreso Uribe el jueves.
La susceptibilidad con el asunto quedó una vez más al descubierto cuando el periodista Carlos Lozano Guillén, director del semanario comunista "Voz", declaró que el "emisario" del que habla el Gobierno es una "especie de fantasma" y que en las consultas que hizo entre allegados a las FARC le dijeron que no le conocían.
Uribe reaccionó calificando a Lozano Guillén, que ha mediado en los últimos años ante las FARC, como cómplice de esa guerrilla.
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