El Tribunal Supremo ha declarado culpable civil subsidiaria a la Generalitat de Catalunya de la fuga en 2001 de los presos Manuel Brito y Francisco Javier Picatoste y deberá pagar 2,7 millones de euros a las familias de las víctimas.
Durante su fuga, los delincuentes asesinaron a un joven, violaron a su novia y dispararon contra dos mossos d'esquadra, uno de los cuales quedó herido.
Cúmulo de negligencias
Aunque la Audiencia de Barcelona absolvió a la Generalitat de cualquier responsabilidad, el Supremo entiende que "el cúmulo de negligencias reglamentarias son la causa eficiente en la consumación de una fuga violenta".
Según la sentencia, la fuga fue "planeada gracias a la laxitud en el cumplimiento de las normas de prevención y custodia, así como a la imprevisión sobre las más que razonables acciones violentas de unas personas que tenían unos antecedentes conocidos".
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