La Fiscalía Anticorrupción solicitará responsabilidad civil a título lucrativo a la infanta Cristina por una cuantía en torno a 600.000 euros, la mitad de lo percibido por la empresa Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos entre 2003 y 2007.

Dicha petición quedará recogida en el escrito de acusación del 'caso Nóos' que está elaborando la Fiscalía Anticorrupción con vistas a finalizar la instrucción de esta causa, ya que la declaración de la infanta como imputada el próximo sábado podría ser una de las últimas diligencias que se practiquen.

El juez Castro ya deslizó en su auto de imputación la posibilidad de que entrara en juego el artículo 122 del Código Penal, si bien lo hacía suponiendo que, como consecuencia de un recurso a la imputación, se entendiera que esta fuera improcedente. Estonces, decía el juez, "nos situaríamos" ante el supuesto de participación a título lucrativo que tiene lugar "cuando una persona se beneficia de lo que otras ilícitamente han obtenido, aunque no se le pueda condenar como partícipe del delito del que traen origen los beneficios".

La cantidad se abonaría en el caso de que Urdangarin fuera declarado culpable. Si no se presentase, se podría embargar bienes de la infanta por ese valor. La hija del rey sí podría presentar un escrito con las razones y pruebas por las que no se considere civilmente responsable.

Este precepto, añadía Castro, "es totalmente aséptico de cualquier elemento intencional" y solo requiere que la persona se haya lucrado de los efectos del delito o falta. Esto conllevaría una responsabilidad civil objetiva —la infanta no tendría culpa del delito— y a la devolución del dinero.

El abogado de la infanta , el catedrático de Derecho Penal Jesús María Silva, ha asegurado que "ella es inocente, lo dice ella, lo creo yo, y, tan pronto como lo explique, lo va a ver toda España". En declaraciones a los periodistas, Silva ha reconocido que se reunió con la infanta, y que también lo hará este jueves y viernes, para preparar la declaración ante el juez de Palma de Mallorca que instruye el 'caso Nóos' prevista para el próximo sábado.

Según su letrado, la infanta, que está imputada por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, "está bien, está serena y consciente de que (su declaración) es un trámite importante". Preguntado sobre si la infanta responderá a las preguntas de todas las partes personadas o sólo a las que le formulen el juez y el fiscal, el abogado ha señalado que "es una cuestión estratégica y ya se decidirá en su momento".

El catedrático de Derecho Penal ha explicado que el proceso penal es "nuevo" para la infanta y que, como a muchos de sus clientes, "se les tiene que explicar cómo funciona, es una cuestión de situarse en el contexto". Aunque no ha revelado dónde y cómo están preparando su declaración, el letrado ha dicho que "hay muchos métodos de preparación de declaraciones de testigos y de imputados".

Sobre la nueva investigación que ha abierto la Agencia Tributaria sobre Aizoon, la sociedad de los Duques de Palma, para verificar si esta empresa ha cumplido todas sus obligaciones fiscales desde 2009, el abogado ha explicado que sólo conocía lo que ha publicado la prensa. "Esta investigación creo sinceramente que obedece a que el ejercicio de 2009 puede estar a punto de prescribir en junio de 2014, es de trámite, creo que responde a la entrada en plan de los ejercicios de determinadas sociedades", ha opinado el abogado. Jesús María Silva ha puntualizado que en todo caso se trata de "una inspección administrativa de la Agencia Tributaria, está en vía administrativa y no tiene nada que ver con la vía penal".

El despliegue de seguridad con motivo de la declaración tendrá un coste aproximado de 20.000 euros, según han estimado fuentes conocedoras del dispositivo en el que colaborarán tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y la Policía Municipal. Las mismas fuentes consultadas han precisado que la Policía Nacional se encargará de controlar los aledaños del Juzgado antes y durante la declaración. Para ello han sido desplegados desde Valencia dos Grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) formados cada uno por 50 agentes de antidisturbios.

El desplazamiento de este centenar de policías ha comenzado este jueves. El traslado y el pago de dietas durante los días que permanezcan desplegados supone gran parte del coste total del dispositivo, según las estimaciones de las fuentes consultadas.

Por parte de la Policía Nacional también se desplegarán efectivos del grupo estable en Palma, formado por 25 efectivos de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR), así como agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, miembros de la Unidad Canina y de la Unidad de Subsuelo.

La Guardia Civil será la encargada de velar por la seguridad de la infanta en sus desplazamientos en la isla desde el aeropuerto, el lugar en el que se hospede o en su llegada y salida del Juzgado. Sobre la Policía recaerá la labor de llevar a cabo los cortes de tráfico necesarios en el marco de esta declaración. De este modo, el dato total de efectivos de las fuerzas de seguridad previstos para este plan de seguridad asciende a cerca de 200. Las fuentes consultadas explican que en este caso el dispositivo será mucho más contundente que el desplegado en anteriores ocasiones con el duque de Palma, Iñaki Urdangarin.