La orden del mandatario, que con el apoyo de Estados Unidos impulsa una agresiva estrategia militar contra la guerrilla, aleja de nuevo la posibilidad de lograr un acuerdo para poner fin al prolongado cautiverio de los rehenes.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen secuestrados a un grupo de políticos y militares, entre quienes se encuentra la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses, cinco ex congresistas, un ex gobernador y 12 ex diputados regionales.
'Autorizamos una gestión de buena voluntad y lo que hemos recibido es una amenaza. Por lo tanto la reacción del gobierno es (...) arreciar para derrotar estos bandidos', dijo Uribe a los periodistas.
Ese grupo rebelde busca un acuerdo que permita intercambiar a sus rehenes por miles de guerrilleros encarcelados en las prisiones estatales, pero las posiciones radicales de las partes lo han impedido.
Uribe reveló que un emisario autorizado por su gobierno se había reunido recientemente en la selva con comandantes de las FARC, quienes le comunicaron que para negociar un acuerdo humanitario se requiere la retirada de las fuerzas armadas de dos pueblos del sur del país, lo que descartó de nuevo el presidente.
Además comunicaron al emisario, cuya identidad no reveló, que no estaban dispuestos a negociar con un gobierno que tiene vínculos con los escuadrones paramilitares de ultraderecha, sus enemigos en medio del conflicto interno de más de cuatro décadas.
Colombia afronta la peor crisis política en la historia reciente por los supuestos nexos de congresistas, alcaldes y gobernadores con los escuadrones paramilitares acusados de masacrar a miles de civiles en medio de su lucha contra la guerrilla.
Hasta el momento, ocho congresistas aliados de Uribe han sido encarcelados en un proceso criminal que también involucra a militares, empresarios y ganaderos que recibieron apoyo de los paramilitares, grupos que surgieron en la década de 1980 y que desalojaron a la guerrilla de varias regiones del país.
También el jueves, la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció que habían surgido en Colombia nuevos grupos criminales financiados por narcotraficantes en zonas que abandonaron los escuadrones paramilitares de ultraderecha en medio de la negociación de paz con el gobierno.
El jefe de la misión de apoyo de la OEA para la negociación de paz con los paramilitares, Sergio Caramagna, dijo a radio Caracol que se han detectado 22 grupos armados integrados por entre 2.500 y 3.000 personas.

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