Los tres presuntos donantes del PP que han comparecido este miércoles como testigos ante el juez Pablo Ruz, Pilar Pulido, Luis Gálvez y Adolfo Sánchez, han negado ser las personas que aparecen en los papeles del extesorero Luis Bárcenas y han asegurado que se trata de una simple coincidencia en los nombres.

Los tres han defendido esa versión y, según fuentes presentes en la declaración, ha convencido tanto al juez como al fiscal y a los abogados de la acusación, ya que el nombre de estas personas aparece en los papeles de la supuesta contabilidad B del PP con un solo apellido, lo que dificulta la identificación y las citaciones.

Los presuntos donantes interrogados por Ruz son Pilar Pulido, una directiva de ADS Brokers y vinculada a una supuesta entrega al PP de 36.000 euros el 20 de febrero de 2008; Luis Gálvez, de la empresa Ploder-Uiecesa y vinculado a una supuesta entrega el 22 de febrero de 2008 por 50.000 euros; y otra persona identificada como Adolfo Sánchez García, vinculado a una presunta entrega el 30 de junio de 2008 por 10.000 euros.

Pilar Pulido figura como apoderada de cuatro empresas de ingeniería, aunque ha explicado que es una "mera administrativa", por lo que se ha mostrado sorprendida por la citación, ya que, ha dicho, que no tiene nada que ver con esto, según las mismas fuentes. De hecho, ha dicho que las empresas de las que es apoderada han firmado contratos con el Ministerio de Fomento durante el gobierno socialista.

Luis Gálvez ha explicado por su parte que fue presidente de la asociación nacional de constructores independientes que fue creada para contrarrestar el lobby de las empresas más poderosas y ha asegurado que no ha estado en Génova y no conoce a Bárcenas, ni a su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta. Para reforzar su testimonio, este empresario ya jubilado ha relatado que cuando recibió la notificación del juzgado miró en Internet cuántas personas existían con su mismo nombre y apellidos y contabilizó más de 900, según una acusación.

Por su parte, Adolfo Sánchez ha dicho que pertenece a la asociación constructores de Cataluña y que nunca ha tenido contacto con la administración central del Estado y sí con la catalana y ayuntamientos de esa comunidad.

El juez Ruz ha dado dos días de plazo al secretario general del PP de La Rioja, Carlos Cuevas, y a la gerente Ana Elvira Martínez para que aporten toda la documentación que obre en su poder sobre las adquisiciones de los nuevos locales para la sede regional en 2008.

Ruz ha hecho este requerimiento a los dos dirigentes regionales del PP tras tomarles declaración como testigos durante cuatro horas con relación a la compra de esta nueva sede, que el juez investiga si en parte fue adquirida con dinero de la supuesta caja B del partido, lo que podría ser constitutivo de un delito fiscal en el ejercicio de 2008.

El juez también quiere consultar el presupuesto del PP de La Rioja en 2008 y la documentación que tenga sobre las construcciones o reformas que se acometieron en esos locales, así como la forma de pago. Requiere además la documentación que exista en los archivos contables del partido en el Diario de la Sede Regional del PP de La Rioja, referidos a la adquisición de los locales y sus posteriores obras y cuanta información tengan al respecto.

En su declaración, Cuevas ha reconocido que negoció con el banco préstamos hipotecarios por 1.020.000 euros para la sede, que costó en total 1,5 millones de euros entre las compras y reformas. Ambos han sostenido además que desde el partido nacional se hizo una aportación en 2008 de 200.000 euros a "fondo perdido", por lo que no se trataba de un préstamo y no tenían que devolver esa cantidad.

En los llamados papeles de Bárcenas aparece una entrada de mayo de 2008 de 200.000 euros con el concepto "Entrega de La Rioja", dinero que han dicho que ellos nunca transfirieron a la sede central, desmintiendo este apunte de la contabilidad B del extesorero.