Los efectivos del cuerpo actuaron después de que una persona que visitó las instalaciones el pasado 13 de febrero, con la intención de adquirir un cachorro, observara y denunciara las

Los agentes del Seprona se trasladaron al lugar, y junto con dos veterinarios pertenecientes a la Unidad Veterinaria de Almazán y el propietario de la explotación, J.J.D.M., de 53 años, vecino de Cubo de la Solana, realizaron una inspección de las instalaciones.

En el interior se encontraban seis perros adultos y cuatro cachorros de diferentes razas, que presentaban un mal estado físico. Además en el lugar había otros dos perros muertos, uno de los cuales se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Según informa la Guardia Civil en un comunicado, el local donde estaban encerrados los animales no reunía las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para ello, sin apenas comida y encontrándose el piso del terreno cubierto de barro, agua sucia, restos de los dos animales muertos y excrementos de los vivos que desprendían un olor nauseabundo, lo que constituye un peligro sanitario tanto para las personas como para los animales, ya que las instalaciones se encuentran en el interior del casco urbano.

Tachones y enmiendas en los registros

Además, la documentación referida a dichos animales presentada por el propietario, que incluía varias cartillas sanitarias oficiales y de clínicas veterinarias, presentaba en nueve de ellas tachones y enmiendas en los datos referentes al animal y en los registros de vacunaciones.

Por todo ello, los agentes procedieron a instruir diligencias policiales por si tales hechos pudiesen constituir un delito de malos tratos a animales domésticos, y otro de falsedad documental recogidos en el Código Penal.

En el trascurso de las investigaciones, los guardias civiles tuvieron conocimiento de que una mujer de nacionalidad boliviana, que acompaña y cuida al imputado, carece de los permisos de residencia y de trabajo por lo que la fuerza actuante instruyó también diligencias contra el hombre por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.