El Consejo de Ministros ha tramitado el anteproyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar, que prevé castigos específicos para conductas como los daños a los derechos humanos ocurridos entre militares al margen de su rango o la agresión sexual de un superior.

Según el anteproyecto del nuevo código promovido por el Ejecutivo, la jurisdicción militar podrá actuar contra civiles en casos de "conflicto armado", y los delitos contra la dignidad de los militares por razones sexistas, xenófobas o profesionales serán condenados independientemente del rango del agresor.

El anteproyecto recoge su aplicación a los miembros de la Guardia Civil solo en el ámbito competencial militar, por lo que se excluye las acciones u omisiones propias de sus funciones de naturaleza policial, según ha explicado el ministro Morenés y consta en la referencia del Consejo de Ministros.

Se incorpora, asimismo, un título que castiga "los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas". También se contemplan los delitos contra la Administración de la Justicia Militar los delitos contra el patrimonio en el ámbito militar.

Se incriminan, además, "con remisión a los tipos previstos en el Código Penal, los delitos de hurto, robo, apropiación indebida y daños cometidos por un militar en relación con el equipo reglamentario, materiales o efectos".

Además, se incorporan como novedad determinados delitos contra el patrimonio tipificados también en el Código Penal cometidos por un militar en instalaciones militares, buques, aeronaves, campamentos o durante ejercicios, cuando afecten al servicio o vulneren las reglas de comportamiento de los militares, circunstancias que aconsejen su sanción en el ámbito estrictamente castrense.

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al real decreto por el que se desarrolla la composición, organización, y funciones del Tribunal Administrativo del Deporte, un órgano colegiado de nueva creación que asumirá las funciones del Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD) y de la Junta de Garantías Electorales.

Este órgano estará formado por siete miembros, cuatro a propuesta del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y los otros tres por las federaciones.