Los extrabajadores de Telemadrid siguen peleando contra la dirección de la empresa. Mientras esperan a que el Tribunal Supremo decida si el ERE que acabó con 861 empleados en la calle es nulo o no ajustado a derecho, la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM) ha presentado un recurso contencioso administrativo en el que exige la anulación de la privatización de las labores de producción y realización de la señal que emite el ente.

En concreto, la AGTPM ha denunciado ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública que Telemadrid vulneró la ley al adjudicar la tarea a la empresa TBS. En enero de 2013, Telemadrid aprovechó el ERE para desprenderse de los operarios responsables de su señal. Justo a continuación, entregó el servicio a TBS a cambio de 547.433,86 euros por vía de urgencia, sin publicidad y sin informar al comité de empresa.

CC OO denunció los hechos. Como resultado, el juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón ha imputado al director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez, por delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y un delito societario.

Sánchez declaró ante el juez en julio de 2013. Ese mismo mes, convocó un concurso —esta vez, de forma pública— para la producción y realización de la señal. La ganadora, con una oferta de 304.525 euros mensuales más IVA, fue TBS, la misma a la que Sánchez había elegido 'a dedo' la primera vez.

La Asociación de Afectados, es decir, los mismos trabajadores que habían hecho ese trabajo hasta la consumación del ERE, se presentó al concurso y ofreció prestar el servicio por 160.000 euros mensuales, la mitad que TBS, pero Telemadrid desestimó su proyecto alegando que el colectivo carecía de solvencia económico-financiera y de solvencia técnica, así como que los fines de la asociación no incluían la prestación de servicios, según detalló un portavoz del ente.

En la licitación también participó CBM, que pertenece al Grupo Secuoya, una firma de servicios audiovisuales de la que es consejero Miguel Ángel Rodríguez, portavoz del Gobierno durante la presidencia de José María Aznar. Hoy, CBM proporciona a Telemadrid los cámaras que necesita para las coberturas en la calle.

La AGTPM alega ante el Tribunal de Contratación que Telemadrid incumplió las reglas del concurso al no comunicarle los defectos de su proyecto ni ofrecerle el plazo estipulado para solucionar los posibles errores o falta de documentación.

Se da la circunstancia, además, de que TBS es filial de Telefónica, de la que el director general de Telemadrid es directivo en excedencia. Arturo Moreno Garcerán, actual presidente del Consejo de Administración de la televisión pública, también fue directivo de la multinacional.

"La Direción está en una huida premeditada del Derecho Administrativo para evitar el control público de los gastos y los propios requisitos de contratación que establece la Ley de Contratos del Sector Público", denuncian.

Para los despedidos, la auténtica intención del ERE era cubrir mediante empresas el trabajo que hacía la plantilla de Telemadrid. Y no a menor precio, precisamente, como demostraría el concurso de la señal. Por ello, y por la ausencia de publicidad y transparencia en el proceso, la AGTPM exige la anulación del concurso.