La CUP instará al Parlament a denunciar ante la Fiscalía a los representantes o exrepresentantes del Estado que, pese a estar citados, han optado por no comparecer en la comisión de investigación sobre la gestión de las entidades financieras y la posible vulneración de los derechos de los consumidores en la comercialización de productos como las participaciones preferentes.

En su cuenta de Twitter, la Coordinadora recuerda  que el artícuo 502 del Código Penal establece que las personas que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, no comparezcan en una comisión de investigación de las Cortes Generales o un parlamento autonómico, "serán castigados como reos del delito de desobediencia".

Este lunes se celebra la primera sesión de la comisión tras el parón navideño y el primero en comparecer es el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura. Puede que sea al único que lo haga esta semana. El secretario y el exsecretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez y José Manuel Campa, respectivamente, no han comunicado si asistirán, y los otros nueve han excusado su ausencia.

Uno de ellos es el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien envió una carta asegurando que no estaba obligado a comparecer, aunque se ofrecía a explicar en el Pleno del Parlament las políticas estatales de reestructuración financiera. Elena Salgado, exministra de Economía, y Pedro Solbes, de Hacienda, también aludieron a que no estaban obligados, igual que el actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde.

Salgado adjuntó su intervención en el Congreso el 26 de julio de 2012 en una comparecencia por la reestructuración bancaria y el saneamiento financiero, y Linde añadió entre sus argumentos contrarios a asistir el deber de secreto que acompaña a su cargo, aunque transmitió su voluntad de "colaborar" con documentos no sujetos a este deber de reserva.

Los exgobernadores Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Jaime Caruana utilizaron los mismos argumentos de disculpa que Linde, y se mostraron dispuestos a contestar por escrito preguntas que la comisión del Parlament les haga llegar.

Explicaciones parecidas utilizaron también en comunicación por carta el subgobernador del Banco de España y presidente del Frob, Fernando Restoy; el exdirector general de supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez, y la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez; los dos primeros están abiertos a enviar documentación no reservada que les pida la comisión.

La presidenta de la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Financiera (Sareb), Belén Romana, estaba convocada inicialmente para este lunes, pero por problemas de agenda trasladó su comparecencia al 3 de febrero.

Esta comisión de investigación inició su actividad antes de verano y hasta ahora han acudido unos sesenta comparecientes en 14 sesiones; tras la de este lunes 27 de enero, solo quedan las convocatorias del 3 y 10 de febrero, con el consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, cerrando la ronda de comparecencias.

Segura, quien presidió la CNMV entre 2007 y octubre de 2012, ha defendido que el organismo actuó siempre "ateniéndose a la legalidad vigente" sobre las preferentes. "La CNVM no tenía ni tiene competencias para evitar la aplicación del principio de emisión y la normativa no permite prohibir la venta de productos complejos a minoristas, aunque sean claramente no convenientes", ha insistido.

Asimismo, el expresidente de la CNMV ha reiterado que el organismo tampoco puede obligar a las entidades financieras a restituir el daño provocado a los clientes por la pérdida de valor de este tipo de productos.