Araújo Perdomo pertenece al Partido Conservador y estuvo más de seis años secuestrado por las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta que escapó de sus captores el 31 de diciembre en medio de un operativo militar que trataba rescatarlo.
La dimisión de la ministra se produjo cuatro días después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la captura de su hermano, el senador Álvaro Araújo, implicado en una investigación criminal por los presuntos nexos de congresistas con paramilitares, acusados de masacrar a miles de civiles en medio de su guerra contra la guerrilla izquierdista.
Se trata de la responsable de más alto nivel del Gobierno de Uribe en caer en medio de la peor crisis política en la historia reciente del país y que además de legisladores, alcaldes y gobernadores, involucra a militares, empresarios y ganaderos.
'Me voy (del gobierno), porque no estoy atada a ningún cargo; pero en cambio veo claramente la necesidad de que el proceso judicial esté libre de interferencias', dijo en una rueda de prensa la canciller, que renunció pese a que el presidente le había ofrecido su pleno respaldo para que continuara en el cargo.
Hasta el momento ocho legisladores, todos aliados de Uribe en el Congreso, han sido encarcelados, mientras que otro continúa prófugo.
Los opositores Partido Liberal y Polo Democrático Alternativo habían solicitado a la ministra de Exteriores su dimisión, con el argumento de que era perjudicial para la imagen internacional de Colombia.
Además de su hermano Álvaro, el padre y otro hermano de la dimisionaria están involucrados en una investigación por supuestos nexos con paramilitares.
'La certeza de la inocencia de mi padre y de mi hermano, me obliga a irme para tener la libertad de estar a su lado y apoyarles como hija y hermana', sostuvo Araújo.
Los escuadrones paramilitares surgieron en la década de 1980 con el apoyo financiero de ganaderos, terratenientes, empresarios y narcotraficantes perseguidos por la guerrilla.
Después de una sangrienta confrontación en medio del conflicto interno de más de cuatro décadas, los paramilitares desalojaron de varias regiones a la guerrilla y consolidaron un poder político y militar.
A mediados del 2003, esos escuadrones iniciaron una negociación de paz con el gobierno que permitió que más de 31.000 combatientes entregaran las armas y se reintegraran a la vida civil, mientras que los líderes de esos grupos armados ilegales acusados de asesinatos, masacres, secuestros, torturas y desapariciones recibirán sentencias de máximo ocho años.
/Por Luis Jaime Acosta/.*.
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