El presidente panameño, Ricardo Martinelli, aseguró este jueves que la negociación con la empresa española Sacyr por la ampliación del Canal de Panamá no va a salirse del contrato firmado, "porque ahí dentro están todas las cláusulas de disolución de disputas.

"Todo tiene que negociarse dentro del contrato. El contrato es bien claro, específico, y tiene todas las formas de resolución de disputas y reclamos que puedan haber", indicó Martinelli a EFE tras haber participado en el Foro Económico Mundial en una cena centrada en América Latina.

El presidente panameño mostró su esperanza en que pueda alcanzarse un acuerdo, después de que Sacyr y Panamá se hayan dado hasta el 1 de febrero para tratar de solucionar el conflicto que mantiene la obra ralentizada desde finales del pasado noviembre.

Pero según dejó claro desde Davos, "todo tiene que ser negociado dentro del contrato tal cual como está estipulado, porque ahí dentro están todas las cláusulas de disolución de disputas, la forma de hacerlo, los árbitros, los periodos de apelación, etcétera".

Martinelli subrayó que "como país y como autoridad del Canal" se van a regir por lo firmado, y advirtió de que la obra se va a terminar aunque no se llegue a un acuerdo con el constructor.

"En caso de que, ni Dios lo permita, no se puedan poner de acuerdo, la obra se va a terminar. La terminaremos con los reclamos o ... Se va a terminar, llueva, truene o relampaguee", señaló en declaraciones a EFE.

El presidente reconoció también que el conflicto ha afectado a la imagen de España: "Creo que se cae de su peso, porque Sacyr es una empresa española, una empresa muy respetada y conocida en España, y cualquier noticia que pueda salir de una empresa española lógicamente afecta al resto de las empresas".

Sacyr lidera el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que en 2009 se adjudicó el contrato más importante de la expansión de la vía acuática para construir un tercer juego de esclusas por 3.118 millones de dólares.

El pasado 30 de diciembre, Sacyr, comunicó a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que si no aportaba 1.600 millones de dólares en sobrecostes, que la habían dejado sin liquidez, suspendería las obras.