El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha considerado que la posible imposición de una multa por las vacaciones fiscales es "una cuestión menor" porque no se cuestiona que las diputaciones vascas fijen su propia fiscalidad.

Erkoreka se ha referido, de esta forma, al hecho de que la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Eleanor Sharpston, haya recomendado este jueves que se imponga a España una multa de 50 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las vacaciones fiscales vascas.

Tras la inauguración del Archivo Histórico de Euskadi en Bilbao, el portavoz del Ejecutivo autónomo ha realizado "una declaración de urgencia" sobre el pronunciamiento de la Abogada General, en la que ha apelado a la "prudencia".

Según ha precisado, las conclusiones de ésta "no constituyen todavía la sentencia del Tribunal de Luxemburgo". "Es cierto que este Tribunal, con frecuencia, incorpora en su totalidad las aportaciones de la Abogacía General, pero todavía no es la sentencia", ha añadido.

Por ello, ha insistido en que hay que hacer una primera apelación a la prudencia porque "las conclusiones todavía pueden ser objeto de reforma o reformulación" y, por tanto, "las instituciones deben seguir empeñadas en defender la posición de las diputaciones forales que, a juicio del Gobierno vasco, actuaron con corrección, llevaron a cabo lo que tenían que hacer con rigor en defensa del interés general, pero también de los territorios históricos".

"Procedieron a la devolución de las ayudas, tal como requería el propio Tribunal, pero, en los puntos discrepantes, actuaron con arreglo a lo que creían que era procedente porque había algunos aspectos que eran ilegales en relación con las devoluciones", ha apuntado. Asimismo, ha resaltado que también "había aspectos que eran perfectamente legales y, por lo tanto, la devolución no se produjo".

Una fiscalidad propia

En cualquier caso, ha querido reiterar que "la importancia de dejar constancia" de que "el Tribunal de Luxemburgo, en ningún momento, ha puesto en cuestión la capacidad de las diputaciones forales para conformar su propia fiscalidad y definir una fiscalidad autónoma y distinta de las del Estado en todos aquellos ámbitos en los que disponen de capacidad normativa".

"Ésa es, por tanto, una capacidad que se reconoce a los territorios históricos, sin ninguna limitación, y que el Tribunal de Estrasburgo no ha puesto en cuestión, sino que ha llegado a reconocer, en más de una ocasión, de manera explícita a través de sentencias", ha aseverado.

De esta forma, ha indicado que, por lo tanto, "no está en juego la capacidad de los territorios históricos para fijar su propia fiscalidad, sino tan solo la pertinencia o no de una multa en relación con una hipotética no devolución de las ayudas que tenían que haber sido devueltas con arreglo a lo dictaminado por el propio Tribunal". "Es una cuestión menor", ha añadido.

Teniendo en cuenta que las conclusiones de la Abogada general no son, por el momento, definitivas, ha instado "a todas las partes" y a "a todos los que todavía pueden seguir haciendo aportaciones ante el Tribunal, a que sigan defendiendo la posición que han defendido las diputaciones forales en relación con el estricto cumplimiento por parte de las mismas de los mandatos del Tribunal de Luxemburgo".