Se trata del miembro de más alto nivel del gobierno del presidente Alvaro Uribe que cae en medio de la peor crisis política en la historia reciente del país y que además de diputados, alcaldes y gobernadores, involucra a militares, empresarios y ganaderos.
'Me voy (del gobierno), porque no estoy atada a ningún cargo; pero en cambio veo claramente la necesidad de que el proceso judicial esté libre de interferencias', dijo la canciller en una conferencia de prensa.
La canciller renunció pese a que el presidente Alvaro Uribe le ofreció su pleno respaldo para que continuara en el cargo.
Aún no se conocía el nombre de la persona que remplazará a Araújo.
La dimisión se produjo cuatro días después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del senador Alvaro Araújo, hermano de la ex ministra, implicado en una investigación criminal por los presuntos nexos de congresistas con paramilitares, acusados de masacrar a miles de civiles en medio de su guerra contra la guerrilla izquierdista.
Hasta el momento ocho legisladores, todos aliados de Uribe en el Congreso, han sido encarcelados, mientras que otro continúa prófugo por lo que los organismos de seguridad de Colombia han solicitado a la Interpol su ubicación y captura en el exterior, después de comprobar que salió del país.
Los opositores Partido Liberal y Polo Democrático Alternativo, habían solicitado a la ministra que renunciara a su cargo, con el argumento de que era perjudicial para la imagen internacional de Colombia.
Además de su hermano Alvaro, también su padre y otro hermano están involucrados en una investigación por supuestos nexos con paramilitares.
'La certeza de la inocencia de mi padre y de mi hermano, me obliga a irme para tener la libertad de estar a su lado y apoyarles como hija y hermana', sostuvo Araújo.
Los escuadrones paramilitares surgieron en la década de 1980 con el apoyo financiero de ganaderos, terratenientes, empresarios y narcotraficantes perseguidos por la guerrilla.
Después de una sangrienta confrontación en medio del conflicto interno de más de cuatro décadas, los paramilitares desalojaron de varias regiones a la guerrilla y consolidaron un poder político y militar.
A mediados del 2003, esos escuadrones iniciaron una negociación de paz con el gobierno que permitió que más de 31.000 combatientes entregaran las armas y se reintegraran a la vida civil, mientras que los líderes de esos grupos armados ilegales acusados de asesinatos, masacres, secuestros, torturas y desapariciones recibirán sentencias de máximo ocho años.
/Por Luis Jaime Acosta/. *.
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