El nuevo canon podría duplicar el precio de los dispositivos digitales

En un comunicado, la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), ha denunciado que las 8 entidades de gestión de derechos de autor pugnan por imponer una tasa que denomina 'ultra-canon', que en algunos productos puede llegar al 100% del precio.

AETIC advierte a los consumidores españoles de que los dispositivos y soportes digitales podrían duplicar sus precios para el próximo mes.

Esto sucedería si el Gobierno finalmente decidiese fijar el 'ultra-canon' que las gestoras de derechos de autor piden como compensación para sus artistas por las posibles copias piratas que, a través de estos sistemas, se realicen de su producto.

La asociación afirma que las entidades gestoras reclaman un incremento del canon 200 veces superior al que surgen de los estudios de "reconocida solvencia, por presuponer que tanto los dispositivos como los soportes digitales se emplearán en vulnerar derechos de autor".

AETIC afirma que el porcentaje de dispositivos que se emplean para copiar es en realidad mínimo e insta "a los poderes públicos a que se acometa una reforma del canon sustituyendo el "ultra-canon" que se pretende implantar por un sistema transparente".

AETIC recuerda que la medida gravará productos como los CD, DVD, los reproductores de Mp3 y DVD, ordenadores portátiles, tarjetas de memoria para teléfonos móviles o cámaras de foto digitales.

Dice que el 'ultra-canon' afectará a todos los españoles sin excepción, ya que en plena era tecnológica "prácticamente el 99% de la sociedad dispone de un dispositivo o soporte digital gravado por un impuesto abusivo".

Añade que es "inadmisible que se obligue a todos los ciudadanos a pagar un impuesto que sólo repercute de una pequeña minoría de individuos".

Las entidades gestoras y las industrias de tecnologías negociaron durante cuatro meses un acuerdo sobre el canon por "compensación por copia privada", pero no llegaron a ningún tipo de acuerdo, por lo que ahora el Gobierno tiene un plazo que termina dentro de un mes para tomar una decisión.