El Gobierno ha puesto en marcha todas las medidas contempladas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) en los primeros seis meses desde su aprobación el pasado mes de junio, según ha anunciado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha anunciado la aprobación de un nuevo paquete de medidas, englobadas en una ley que remite ahora al Parlamento, para racionalizar el funcionamiento de las Administraciones Públicas. En apenas seis meses, según Sáenz de Santamaría, se han puesto en marcha todas las medidas del informe de la CORA y, además, 44 ya están completamente finalizadas —lo que supone un 20%— y el resto se encuentra en fase de ejecución, un número muy importante muy avanzadas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para delegar en las comunidades autónomas con las competencias de Justicia la gestión de la jubilación del personal al servicio de la Administración de Justicia y las posibles prórrogas de permanencia en el servicio.  A propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Gobierno ha dado el visto bueno a este texto que suprime la constitución obligatoria de los tribunales delegados para el acceso a los cuerpos de los funcionarios de la Administración de Justicia, que "en ocasiones han resultado poco operativos e innecesariamente costosos" y han producido "un incremento de la litigiosidad".

Según ha informado el Ministerio de Justicia, la primera medida persigue una "agilización de los trámites de jubilación y una organización más eficiente" al hacerse cargo los mismos los órganos de las comunidades que ya gestionan todas las demás materias relativas al estatuto y régimen jurídico de este personal. Por su parte, los tribunales delegados territoriales podrán seguirse constituyendo cuando lo aconsejen circunstancias de carácter objetivo, como el tipo de pruebas a realizar, el contenido de las funciones a desarrollar o el número de plazas convocadas, atendiendo siempre a criterios de racionalidad.

En la conferencia de prensa ha señalado que la normativa actual no preveía la liquidación de consorcios cuando ya no estaban en funcionamiento. En la futura ley de régimen jurídico se incluirá un régimen jurídico integral (creación, adscripción, funcionamiento y disolución) y básico referido a los consorcios que derogaría esta regulación y lo previsto en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una encomienda general para la prestación de servicios de administración electrónica por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda en el ámbito de la Administración General del Estado.

También ha aprobado que solo el Servicio Público de Empleo Estatal tendrá observatorio de las ocupaciones. La vicepresidenta ha explicado que se busca evitar duplicidades con otras administraciones públicas. A partir de ahora, será sólo el observatorio del Servicio Público de Empleo Estatal el que analice la situación y tendencias del mercado de trabajo y la situación de la formación para el empleo en el conjunto del Estado. Así, el Gobierno pretende evitar la ineficiencia que plantea la superposición de los distintos observatorios de las Administraciones Públicas en el ámbito del empleo, con el objetivo de mejorar su utilidad