El Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa asegura este miércoles en un informe que los casos de corrupción en España "atentan gravemente contra la credibilidad de sus instituciones".

El texto recomienda adoptar un código de conducta parlamentaria, que aconseje sobre la prevención de conflictos de intereses, los regalos y los intereses financieros, así como la introducción de reglas en la relación entre parlamentarios y grupos de presión.

El informe, que analiza la prevención de la corrupción en parlamentarios, jueces y fiscales, pide ampliar la independencia efectiva del CGPJ, incluir criterios objetivos para nombrar a altos funcionarios judiciales y revisar el método de selección del fiscal general del Estado.

En este sentido, afirma que, a pesar de todas las garantías, la "percepción de la independencia del fiscal general del Estado es preocupante" y pide esfuerzos para que la Fiscalía General del Estado "sea y parezca imparcial, objetiva y libre de toda influencia o injerencia externa". Asimismo, pide a España que reconsidere su método de elección.

También recomienda adoptar un código deontológico, tanto para jueces como para fiscales, si bien reconoce el importante papel que ha desempeñado el poder judicial español en el perfeccionamiento de las reglas deontológicas judiciales de los países latinoamericanos.

El informe destaca la aprobación de la nueva ley de transparencia, que entró en vigor hace un mes, y añade que, "salvo casos aislados, no existe ningún indicio serio de corrupción en jueces y fiscales". Pero constata que España "ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios".

Los expertos del Greco recuerdan que España estaba en 2008 entre los 20 países menos corruptos del mundo, según el Índice anual de percepción de la corrupción de Transparency International. En 2012 perdió 10 puntos y en el último año se sitúa en el puesto número 30.

Una delegación del Greco, compuesta por Yves Marie Doublet, director adjunto de la Asamblea Nacional francesa; James Hamilton,ex fiscal general de Irlanda; Hans Nelen, catedrático de Criminología en la Universidad de Maastricht (Holanda); y Djuro Sessa, juez del Tribunal Supremo croata, visitó España en junio de 2013.

Además de enviar un cuestionario, los expertos del organismo europeo mantuvieron reuniones con jueces, fiscales, parlamentarios del Congreso y el Senado, representantes del Ministerio de Justicia, ONG, académicos y periodistas.

Las autoridades españolas deberán redactar un informe antes del 30 de junio de 2015 con las medidas adoptadas relativas a las recomendaciones realizadas en el informe. España es miembro fundador del Greco, organismo creado en 1999 a instancias del Consejo de Europa al que pertenecen 47 estados miembros más EEUU y Bielorrusia.