Blesa mediaba para que Caja Madrid gestionara sociedades de millonarios que tributan al 1%

Miguel Blesa
El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, en una imagen de archivo. (GTRES)
  • Varios correos enviados al expresidente muestran su interés personal en lograr que la caja gestionara los grandes patrimonios de la élite española.
  • En un mensaje, le encomienda a una directiva de confianza que trate de conseguir la gestión de la Sicav de una consejera de la constructora FCC.
  • Fuentes tributarias consultadas por este diario consideran que las misivas evidencian las prácticas utilizadas por los ricos para no pagar impuestos.
  • '20minutos' ha tenido acceso a centenares de correos de la Caja Madrid presidida por Miguel Blesa.

Caja Madrid, durante la presidencia de Miguel Blesa, se volcó en la captación y retención de clientes ricos a los que gestionar sus Sicav —sociedades de inversión colectiva cuyos beneficios tributan al 1%— como si de sociedades patrimoniales se trataran, con el fin de gestionarlas a su gusto y pagar menos impuestos. Al menos así se desprende de varios correos del antiguo presidente, fechados entre enero de 2008 y marzo de 2009, y a los que ha tenido acceso 20minutos.

Las Sicav son sociedades que gozan de un tratamiento fiscal privilegiado, pero han de cumplir requisitos como tener al menos cien accionistas Las Sicav son entidades que gozan de un tratamiento fiscal privilegiado (tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades y permiten diferir el pago hasta el momento de liquidar los activos) y a las que se exigen varios requisitos legales, como que tengan al menos un centenar de accionistas distintos y una inversión mínima de 2,4 millones de euros. El Gobierno favorece fiscalmente estos vehículos porque, en teoría, así incentiva el ahorro y la inversión colectiva. El problema es que, desde hace años, técnicos e inspectores de Hacienda —entre otros— vienen denunciando que en realidad estas sociedades se están utilizando de forma irregular en la práctica, con el fin de que una persona con un gran patrimonio logre pagar menos impuestos. 

Básicamente, el método habitual para constituir una Sicav por parte de los más acaudalados ha sido buscarse al menos a 99 accionistas con participaciones minoritarias (llamados en el argot financiero mariachis), con los que cumplen el expediente sin interferir en modo alguno en la gestión de la misma. De esta forma, esta sociedad privada puede desarrollarse e invertir según el criterio personal de su máximo accionista. "Es frecuente adquirir viviendas, coches, yates y otros productos de lujo para uso personal a través de las Sicav", explican fuentes tributarias a este diario.

Altae, la banca para los ricos

Según se desprende de los correos del expresidente, tanto Caja Madrid como su filial de banca privada (Altae) trataron en varias ocasiones de atraer para sí la gestión de varias de estas Sicav controladas por familias con grandes patrimonios, con las que se obtenían sustanciosos ingresos, debido principalmente a las comisiones de gestión.

Es el caso, por ejemplo, de la correspondencia mantenida entre Miguel Blesa y M. A., la gestora de su patrimonio personal en Altae, a cuenta de unos movimientos para conseguir atraer como cliente a Lourdes Martínez, consejera de FCC, Cementos Portland y Bodegas Faustino, entre otras compañías, tal como consta en su currículum. En los correos, Blesa le dice a su gestora que verá a Martínez "el jueves", y le pregunta si ya ha hablado con ella.

En su respuesta, la gestora da a entender que la Sicav [se refieren a Louca 98] está controlada plenamente por esta familia: "Sí. Hemos quedado en que el día 11/02 voy a verla a Bodegas Faustino. Tienen una Sicav de 12 millones de euros en DB [Deutsche Bank]. Muchas gracias por presentarnos potenciales tan interesantes", contesta M. A. sin más detalles, a lo que Blesa responde que quiere que sea ella quien se encargue personalmente de ese cliente.

Correo de Blesa que habla de la Sicav Louca

Pero las negociaciones no fructificaron, y a día de hoy Louca 98 sigue estando gestionada y atesorada por Deutsche Bank. Tal como muestran los datos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entidad encargada de supervisarla, la sociedad tiene actualmente unos 110 participantes inscritos oficialmente, si bien uno solo de ellos posee el control absoluto del capital, con un 99,86% de la participación. Una sociedad teóricamente colectiva, pero que en la práctica se gestiona a la voluntad de un solo patrimonio.

En otra línea se muestran varios empleados de Altae en un correo reenviado a Blesa en marzo de 2008. Tal como muestra la correspondencia, el director de la oficina de Castilla-La Mancha avisa al director de la banca privada de Caja Madrid, José Manuel Dabrio, de que en dos semanas recibirá a Antonio Masa Godoy, que "en principio viene a hacer una Sicav". No se dan más detalles sobre el número de partícipes o el capital de la misma.

Masa Godoy era entonces una de las personas más influyentes de España: presidente de la patronal de Badajoz, consejero de la refinería Balboa... "pero sobre todo es consejero de Iberia. Es más, el día 27 vendrá al banco después del consejo", según señala en el email el director de la oficina a su superior, que en otro correo confirma que mantendrá informado al entonces presidente de Caja Madrid "de cómo van las negociaciones". Blesa, en su respuesta, agradece la información: "Estoy seguro de que lo atenderéis muy bien, como merece", concluye.

Préstamos asociados a la Sicav

Más reveladores son los correos enviados entre el 2 y el 3 de marzo de 2009 entre Blesa y su equipo (Matías Amat y Fernando Sobrini, entre otros) a cuenta de las reuniones de la caja con dos miembros (Mayte y Julio) de la familia Torres, "muy buenos clientes del banco [Altae]" y una de las cien más ricas de España, según publicó el diario El Mundo en 2007. Tal como cuenta un empleado de Altae (G. A. S.) al entonces presidente, la familia tenía dos Sicav gestionadas por la caja: Berkay y Ayua, ambas con un patrimonio conjunto de más de 16,2 millones de euros.

Sobre la Sicav Berkay, el empleado de Altae G. A. S. informa a Blesa: "Se la gestionamos desde hace tiempo en estrecha colaboración en la toma de decisiones con ellos. Actualmente invertida de forma conservadora y sin problemas". A día de hoy Berkay, que tiene 115 accionistas, está gestionada por Bankia, y en el propio folleto de la sociedad se advierte de que hay "un partícipe con una inversión en el fondo de 99,95% del patrimonio". En los dos años anteriores esa participación tan mayoritaria se mantuvo, según consta en su informe de auditoría.

Sobre la otra sociedad (Ayua) le detallan que está "en proceso de tránsito a Altae desde JP Morgan", uno de los principales bancos de inversión estadounidenses. La sustitución de gestora en favor de Caja Madrid se culminó en julio de 2009, si bien esta Sicav fue dada de baja en marzo de 2011 y su patrimonio fue liquidado.

En el mismo correo le informan a Blesa de que "las dos Sicav están pignoradas por Caja Madrid con una cuenta de crédito de 13 millones". Es decir, que esta familia tenía una línea de crédito de hasta 13 millones vinculada a sus Sicav. Tal como explica a este diario un inspector de Hacienda que prefiere mantenerse en el anonimato, de forma aparentemente legal "éste es un buen ejemplo de una de las formas más frecuentes mediante las que los grandes patrimonios logran disfrutar de sus rentas sin tener que pagar impuestos. En vez de pagar a Hacienda, pagan intereses y comisiones, pero les compensa. La Sicav tiene beneficios, paga un 1%, y en lugar de repartir dividendos, el partícipe pide un préstamo con la garantía de las acciones de la propia sociedad", recalca.

Estos son solo unos ejemplos de lo que expertos tributarios y asesores fiscales vienen denunciando desde hace años. Las Sicav son sociedades con privilegios fiscales similares a los fondos de inversión, pero cuya gestión es sensiblemente más opaca. Por si fuera poco, su inspección fiscal es la única que se escapa a la Agencia Tributaria: una reforma acordada por PSOE y PP en 2005 traspasó todas las competencias de supervisión sobre estas instituciones de inversión colectiva hacia la CNMV, lo que en la práctica impide a los inspectores de Hacienda buscar posibles fraudes en las casi 3.000 Sicav que hay en España.

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